La privatización del poder político

El secreto de la superioridad del Estado respecto de todas las demás formas de organización del poder político que se han conocido en la historia de la humanidad radica en la separación del poder político de la propiedad privada. En todas las formas políticas preestatales el poder político ha sido siempre un correlato de la propiedad privada, fundamentalmente de la propiedad de la tierra. A esta dependencia del poder político de la propiedad privada es a la que pone fin el Estado, de manera muy incipiente e incompleta bajo la fórmula del Estado absoluto, de manera más resuelta pero todavía cua...

El secreto de la superioridad del Estado respecto de todas las demás formas de organización del poder político que se han conocido en la historia de la humanidad radica en la separación del poder político de la propiedad privada. En todas las formas políticas preestatales el poder político ha sido siempre un correlato de la propiedad privada, fundamentalmente de la propiedad de la tierra. A esta dependencia del poder político de la propiedad privada es a la que pone fin el Estado, de manera muy incipiente e incompleta bajo la fórmula del Estado absoluto, de manera más resuelta pero todavía cuantitativa y cualitativamente limitada bajo la fórmula del Estado liberal del siglo XIX y primeros decenios del XX y de manera decidida y definitiva bajo la fórmula del Estado constitucional democrático.

El recorrido de la separación del poder político de la propiedad privada ha sido largo y tortuoso. En el día de hoy, se puede considerar ya irreversible. Pero ello no quiere decir que dicha separación no pueda verse amenazada y que, dependiendo de la intensidad en que la amenaza pueda hacerse realidad, el Estado acabe siendo un Estado fallido, que puede retrotraernos a fórmulas premodernas de ejercicio del poder. En países concretos o en niveles de gobierno de determinados países, esto puede ocurrir.

Esto es lo que significa la corrupción, que no es, en última instancia, otra cosa que la privatización del Estado, la subordinación por vías soterradas y espurias del poder político a la propiedad privada. Formalmente, el poder político actúa como si fuera el representante de toda la sociedad. Materialmente, son intereses privados los que se hacen valer a través de su actuación. La corrupción es una amenaza permanente para el Estado democrático, ya que no se puede pasar por alto que la propiedad privada como capital es el principio de constitución económica sobre el que descansan todos los estados democráticos dignos de tal nombre. Justamente por eso, la vigilancia tiene que ser permanente.

La corrupción no es suprimible al 100%. Sería deseable que se pudiera erradicar por completo, pero no es posible. Hay que contar con que siempre va a haber un índice de corrupción como lo hay de contaminación. Lo decisivo, en consecuencia, es cómo se reacciona cuando la corrupción se detecta. Decir que un partido político es incompatible con la corrupción es una estupidez. Ningún partido ni ningún representante político, sea estatal, autonómico o municipal, es incompatible con la corrupción.

Las alarmas tienen que estar siempre encendidas y la reacción ante el primer indicio tiene que ser inmediata, porque, de lo contrario, la reproducción de las células cancerígenas puede escapar a cualquier tipo de control. La reacción frente a la corrupción es el canon con que los partidos tienen que ser evaluados. Y con dicho canon no todos los partidos son iguales.

El alcalde del Alcaucín ha sido suspendido de militancia como paso previo a su expulsión por parte del PSOE, que le ha exigido la renuncia a su acta de concejal, mientras que el alcalde de Alhaurín el Grande, imputado por los mismos delitos y en libertad bajo fianza de 100.000 euros, sigue siendo alcalde con el apoyo de la dirección del PP.

Ésta es la gran diferencia que se da no sólo en Andalucía sino también en otras comunidades autónomas. La evidencia empírica nos dice que el coste electoral de la corrupción es muy alto para el PSOE y muchísimo menor para el PP, pero el riesgo que la corrupción entraña para el sistema político es el mismo en ambos casos. Justificar la corrupción porque los resultados electorales no son malos es una de las reacciones más corruptoras del sistema político que pueden darse.