Multas de 300 a 3.000 euros a la prostitución callejera en Lleida
El Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC, está decidido a erradicar la prostitución callejera. Ayer entró en vigor la nueva ordenanza que prevé multar a las personas que ejerzan esa actividad en la vía pública y a los clientes con sanciones que oscilan entre 300 y 3.000 euros. Lleida es, junto con Barcelona, la segunda ciudad catalana que persigue la prostitución callejera.
El reglamento prohíbe "la oferta y negociación" de la prostitución en las vías de la ciudad, considera como agravante la reincidencia y que la actividad sexual se desarrolle en un espacio público o cerca de un...
El Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC, está decidido a erradicar la prostitución callejera. Ayer entró en vigor la nueva ordenanza que prevé multar a las personas que ejerzan esa actividad en la vía pública y a los clientes con sanciones que oscilan entre 300 y 3.000 euros. Lleida es, junto con Barcelona, la segunda ciudad catalana que persigue la prostitución callejera.
El reglamento prohíbe "la oferta y negociación" de la prostitución en las vías de la ciudad, considera como agravante la reincidencia y que la actividad sexual se desarrolle en un espacio público o cerca de un centro escolar. En Lleida son lugares habituales de prostitución la entrada a la ciudad por la antigua carretera N-II y la salida de esta vía en dirección a Zaragoza, con tres institutos de enseñanza secundaria.
La ordenanza prevé dos tipos de actuación de la policía municipal. Una primera de advertencia y la segunda sancionadora si se hace caso omiso. Paralelamente, el Consistorio leridano pondrá en marcha un plan integral para buscar alternativas sociales, educativas y laborales a las personas que se dedican a la prostitución. Fuentes policiales cifran en alrededor de 1.100 las mujeres que se dedican a la prostitución en Lleida. Unas 160, en la vía pública. El equipo de gobierno asegura que la ordenanza mejorará la situación personal de las prostitutas y la imagen de la ciudad. Las afectadas se oponen. Subrayan que la prohibición no da resultados y que no están claras las políticas sociales alternativas. CiU considera que también deberían perseguirse a los proxenetas. En Barcelona, la ordenanza se aplica desde hace algo más de dos años. Mientras que en el Eixample prácticamente ha desaparecido, en el Raval depende de la presión de la Guardia Urbana. Prostitutas, clientes y policía protagonizan el juego del ratón y el gato. Las multas son de hasta 750 euros por negociar en la calle y entre 1.500 y 3.000 si la práctica es en el espacio público. En 2007, se impusieron 2.937 multas, 900 de ellas a clientes. Es frecuente el pronto pago porque supone el 50% del descuento y se evita la notificación al domicilio.