Espinosa no consultó a su consejo asesor la reforma de la Ley de Costas
El Ministerio de Medio Ambiente no consultó a su consejo asesor la reforma de la Ley de Costas que introdujo en la Ley de Navegación. Este organismo debe informar sobre las normas con "incidencia ambiental". El Gobierno considera que su reforma no entra en esa definición. El texto tampoco pasó por el Consejo de Estado ni irá al Pleno del Congreso.
Los ecologistas piden informar sobre el cambio, que permite vender las casas construidas legalmente antes de 1988 sobre la playa y que son una concesión estatal. Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, afirma: "La ministra Elena Espinosa nos...
El Ministerio de Medio Ambiente no consultó a su consejo asesor la reforma de la Ley de Costas que introdujo en la Ley de Navegación. Este organismo debe informar sobre las normas con "incidencia ambiental". El Gobierno considera que su reforma no entra en esa definición. El texto tampoco pasó por el Consejo de Estado ni irá al Pleno del Congreso.
Los ecologistas piden informar sobre el cambio, que permite vender las casas construidas legalmente antes de 1988 sobre la playa y que son una concesión estatal. Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, afirma: "La ministra Elena Espinosa nos engañó en octubre, cuando nos dijo una y otra vez que no iba a tocar la Ley de Costas".
Espinosa ha asegurado que con la reforma acata una sentencia del Constitucional. Ese fallo es de 1991 y, en 18 años, los distintos Gobiernos no han reformado ese punto. El ministerio alegó ayer que cinco sentencias de la Audiencia Nacional consideraron que esas concesiones se podían vender y que por eso cambia la ley.
Archivado En
- IX Legislatura España
- Reforma legislativa
- Playas
- Ley Costas
- Costas
- PSOE
- Legislación española
- Legislaturas políticas
- Espacios naturales
- Partidos políticos
- Normativa jurídica
- Legislación
- Justicia
- Medio ambiente
- Ministerio de Transición Ecológica
- Gobierno de España
- Gobierno
- Ministerios
- Administración Estado
- Política
- Administración pública