Pagar los platos rotos

Hace sólo un año, Martinsa declaraba plusvalías por valor de 4.617 millones de euros; es evidente que esas plusvalías lo eran en función de unas valoraciones que, a la vista de lo aparecido en EL PAÍS del 5 de enero, o eran falsas o estaban adaptadas a las "exigencias del guión".

Sólo voy a centrarme en un dato de los que aparecen referidos, porque además de Martinsa aparece, con nombre y apellido, otro actor necesario, el tasador: "Un terreno situado en la localidad de Tres Cantos, valorado hace justo un año en 132 millones, por la consultora CB Richard Ellis, tiene ahora un precio de ...

Hace sólo un año, Martinsa declaraba plusvalías por valor de 4.617 millones de euros; es evidente que esas plusvalías lo eran en función de unas valoraciones que, a la vista de lo aparecido en EL PAÍS del 5 de enero, o eran falsas o estaban adaptadas a las "exigencias del guión".

Sólo voy a centrarme en un dato de los que aparecen referidos, porque además de Martinsa aparece, con nombre y apellido, otro actor necesario, el tasador: "Un terreno situado en la localidad de Tres Cantos, valorado hace justo un año en 132 millones, por la consultora CB Richard Ellis, tiene ahora un precio de 33,8 millones". Señor Martín, usted pide por carta a la ministra de Vivienda, Fernández Corredor, ayuda para llevar adelante sus planes para reflotar la compañía; yo le diría que lo que debe hacer es llevar a los tribunales a Richard Ellis por hacer una valoración falsa.

¿O debemos decir que dicha valoración era inflada artificialmente para obtener créditos y mantener altos los precios de la vivienda, a sabiendas de que el mercado estaba saturado?

Vamos a llamar a las cosas por su nombre y, si me permite, voy a definir como engaño masivo lo acontecido en los últimos cinco años con los precios de las viviendas, y en ese engaño han intervenido, en mayor o menor medida y como actores necesarios, precisamente los tasadores, aquellos que, se supone, deben velar por la objetividad. En nuestro ordenamiento jurídico y más concretamente en nuestro Código Penal, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en su artículo 284 deja bien claro que es delito utilizar engaño para alterar los precios que resultaran de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores, muebles o inmuebles que sean objeto de contratación,

Dicho esto, ahora vemos que ese engaño consistía en difundir la creencia de que los precios estaban subiendo, mientras, entre otras cosas, se mantenía una bolsa de más de un millón de inmuebles de segunda mano sin vender.

Señor Martín, el Gobierno no debe intervenir en su problema. Si, como dice, se siente una víctima en todo este embrollo, demande a los que le han mantenido engañado, el resto de la ciudadanía no tiene por qué pagar los platos rotos de nadie; bastante tenemos con pagar las hipotecas infladas que nos han dejado.