El Consejo Escolar cree que la reforma lingüística se queda corta

La reforma de los modelos lingüísticos en la enseñanza sigue quemando etapas hacia un camino sin salida. El Consejo Escolar de Euskadi, el principal órgano de participación de la comunidad educativa, aprobó ayer el dictamen del anteproyecto de ley, con la certeza de que el texto está condenado a guardarse en un cajón y esperar a la próxima legislatura y a la conformación del nuevo Gobierno. El Parlamento está a punto de echar la persiana y, por lo tanto, resulta imposible su tramitación en el actual mandato, con lo que el dictamen, que es preceptivo, resulta testimonial. El Consejo, que está ...

La reforma de los modelos lingüísticos en la enseñanza sigue quemando etapas hacia un camino sin salida. El Consejo Escolar de Euskadi, el principal órgano de participación de la comunidad educativa, aprobó ayer el dictamen del anteproyecto de ley, con la certeza de que el texto está condenado a guardarse en un cajón y esperar a la próxima legislatura y a la conformación del nuevo Gobierno. El Parlamento está a punto de echar la persiana y, por lo tanto, resulta imposible su tramitación en el actual mandato, con lo que el dictamen, que es preceptivo, resulta testimonial. El Consejo, que está integrado por representantes de los distintos colectivos que integran los centros educativos (profesorado, padres y madres y alumnos, así como por miembros de las distintas administraciones local y autonómica), ha dado su visto bueno en líneas generales, pero pone algunas pegas.

El organismo ve innecesaria la moratoria para aplicar la ley

Su presidente, Konrado Muguertza, expuso ayer estas objeciones. El Consejo considera que usar el euskera como lengua vehicular en el 60% de las materias, tal y como establece el anteproyecto, resulta "aceptable, pero no suficiente porque no garantiza los objetivos de conocimiento de la lengua vasca" propuestos en la reforma. Además, considera innecesaria una de las principales aportaciones introducidas en el anteproyecto de ley en su recta final: el periodo transitorio de cuatro años para que los centros escolares puedan ir adecuándose al nuevo marco. Con esta moratoria, la consejería trató de acercarse a las demandas del PNV, su socio en el Gobierno, que le exige flexibilidad en la aplicación como una condición imprescindible para dar su apoyo al texto.

Según el Consejo, la reforma se podría poner en marcha "ahora mismo" mientras que las excepciones (los colegios con líneas de enseñanza en castellano) "habrá que tratarlas con flexibilidad". El Departamento de Educación analizará las recomendaciones y sugerencias y cabe la posibilidad de que incluso pueda incorporar alguna antes de enviar el proyecto definitivo al Consejo de Gobierno. El rechazo a la moratoria choca con las peticiones de los partidos, especialmente el PNV y el PSE, que apuestan por ella. Así, a la consejería no le queda más remedio que nadar entre dos aguas. Por una parte, la comunidad educativa le lanza un mensaje y, por otro lado, en el Parlamento y en el propio Gobierno le esperan los partidos con otro tipo de razonamientos. A pesar de que la reforma no va a salir adelante en esta legislatura, la idea del departamento es dejarla lista para el próximo mandato, tras las elecciones.