Editorial:

Morir ante las cámaras

El suicidio asistido en una clínica suiza de Craig Ewert, un profesor de 59 años aquejado de una enfermedad incurable, ha dado un nuevo impulso al debate sobre la eutanasia, reabierto desde hace años en la mayoría de los países europeos, incluida España, pero del que los Gobiernos siguen sin darse por enterados. En este caso, lo que más ha escandalizado a algunos no es la angustia vital de quien sufre una enfermedad que ha deteriorado hasta un límite insoportable la calidad de su vida, sino el hecho de haber autorizado a filmar un documental sobre su muerte y a emitirlo en un canal televisivo ...

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El suicidio asistido en una clínica suiza de Craig Ewert, un profesor de 59 años aquejado de una enfermedad incurable, ha dado un nuevo impulso al debate sobre la eutanasia, reabierto desde hace años en la mayoría de los países europeos, incluida España, pero del que los Gobiernos siguen sin darse por enterados. En este caso, lo que más ha escandalizado a algunos no es la angustia vital de quien sufre una enfermedad que ha deteriorado hasta un límite insoportable la calidad de su vida, sino el hecho de haber autorizado a filmar un documental sobre su muerte y a emitirlo en un canal televisivo británico.

No es una novedad filmar y emitir por televisión un suicidio asistido. En España, la experiencia protagonizada por Ramón Sampedro fue filmada y luego emitida por una televisión privada. En el caso de Ewert, el acuerdo de filmación y emisión fue previo, pero en ambos casos la emisión se debió al interés que suscita un problema que necesita una salida legal con urgencia. La difusión televisiva de la muerte de Ewert, como la de Sampedro, a quienes interpela es a los Gobiernos y a la sociedad. Si la eutanasia estuviera despenalizada y correctamente regulada, ni Sampedro ni Ewert habrían tenido necesidad de contar su lucha. Estaríamos ante lo que es: un hecho personal e íntimo.

Lo que ésta sucediendo en Italia con Eluana Englaro, de 37 años y en estado vegetativo desde los 20, sí que constituye un escándalo. No es admisible que en un Estado democrático la sanidad pública y la clase médica estén dispuestos a boicotear, por motivos religiosos o morales, una sentencia del Tribunal Supremo que autoriza a desconectar la sonda que mantiene con vida a la moribunda. Los Gobiernos no pueden aceptar que se mantengan confinados a enfermos incurables y terminales en un trágico terreno de nadie, condenados a saldar con su sufrimiento la falta de voluntad política o convertidos en conejillos de Indias de opciones morales.

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