¿En qué trabaja su señoría?
Los intentos de reformar el Reglamento del Congreso han chocado con los partidos - 315 diputados tienen actividades al margen del escaño
Varios centenares de personas corren por los pasillos de un edificio vetusto, mientras suena una especie de campana, insistente y prolongada. Salen de despachos o de la cafetería y dan la impresión de que van apurados hasta que entran en un hemiciclo y se sienta cada uno en un sillón. A una orden del que está enfrente de todos miran a uno de ellos que levanta uno, dos o tres dedos y, en función de la indicación, aprietan un botón determinado de los tres que tienen delante. No tienen necesidad de pensar si deben pulsar el que pone sí, no o abstención, porque alguien se lo d...
Varios centenares de personas corren por los pasillos de un edificio vetusto, mientras suena una especie de campana, insistente y prolongada. Salen de despachos o de la cafetería y dan la impresión de que van apurados hasta que entran en un hemiciclo y se sienta cada uno en un sillón. A una orden del que está enfrente de todos miran a uno de ellos que levanta uno, dos o tres dedos y, en función de la indicación, aprietan un botón determinado de los tres que tienen delante. No tienen necesidad de pensar si deben pulsar el que pone sí, no o abstención, porque alguien se lo da resuelto.
Cuando terminan se levantan de sus asientos y, ya sin premura, vuelven a sus lugares de procedencia hasta que suene de nuevo la machacona campana. Algunos se quedan a escuchar desde sus asientos a los que hablan desde la tribuna y otros charlan con los cercanos. Los que se quedan deben responder a otro estímulo automático: aplaudir cuando termina de hablar al que se sienta en el mismo lado que ellos.
Torres (PSOE) tenía asesorías fiscales mientras era ponente de impuestos
Michavila (PP) es uno de los que más alternan actividades públicas y privadas
Los grupos multan a los diputados por faltar sin motivo a una votación
El funcionamiento de la Cámara baja es anticuado y está encorsetado
Son los diputados. Son 350 y sobre sus espaldas la Constitución ha puesto la capacidad de aprobar leyes y la de controlar al poder ejecutivo. Las fotos repetidas con los escaños vacíos han descargado sobre ellos el foco crítico y las acusaciones de absentismo. Su respuesta es que gran parte de su actividad está fuera del pleno y que puede resultar más pasivo el que permanece en el pleno sin moverse. Por ejemplo: el jueves pasado, durante la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero para exponer nuevas medidas económicas, un diputado del PP, del equipo más próximo a Rajoy, dedicó la tarde desde el escaño a participar en foros de Internet sobre el debate. ¿Estando en el hemiciclo trabajaba más que otros diputados ausentes? En todo caso, en esta legislatura ningún diputado ha sido sancionado por su grupo por ausencias.
El diputado-internauta servía de atrezzo del pleno. Utilizaba los ordenadores que Manuel Marín hizo instalar en cada escaño para que los diputados trabajaran en el hemiciclo y no en sus despachos. No lo consiguió. Y ahora la mayoría de esas pantallas incrustadas en las maderas nobles permanecen apagadas, testigos mudos de una institución que, según la coincidencia general, requiere un baño de modernidad.
Su actividad más visible es la que se produce en el hemiciclo, con unas 20 horas en plenos a la semana, tres días por semana, tres semanas al mes y ocho meses al año. Algo menos llamativo es el trabajo en una media de 15 comisiones por semana, y media docena de subcomisiones. Hay otro trabajo reservado a la negociación entre los grupos parlamentarios, preparación de iniciativas, actividad política en las circunscripciones y presencia ante los medios de comunicación.
Los portavoces de los grupos admiten que el funcionamiento de la Cámara ha quedado anticuado y encorsetado. Félix Pons, Luisa Fernanda Rudi, Federico Trillo y Manuel Marín, los últimos presidentes del Congreso, intentaron cambiar el Reglamento para actualizar y dinamizar su funcionamiento. Llegaron a pactar propuestas y, finalmente, renunciaron al topar con el interés de los partidos. José Bono ha abandonado esa reforma e intenta vencer las resistencias para hacer los cambios de forma sutil. Incluido el de colocar a las nueve de la mañana los plenos de control al Gobierno.
Las reformas pactadas en otras legislaturas incluían novedades como la reducción del debate técnico a las comisiones, dejando para el pleno el debate político; permitir las intervenciones de diputados a título personal, al margen de los portavoces, y facilitar la creación de comisiones de investigación y multiplicar las interpelaciones al presidente del Gobierno. PSOE y PP bloquearon las reformas que, en la práctica, podían incomodar a los Gobiernos.
En el Reino Unido, además de que la conformación de las circunscripciones vincula a los diputados con sus electores, se permite la improvisación en los debates. En España no hay preguntas orales al Gobierno sin presentación por escrito días antes. Ni en Reino Unido ni en Estados Unidos hay disciplina de voto y en España se les sanciona y pagan multas por votar de manera distinta a la dirección del grupo.
Hasta en la Segunda República española, el Reglamento de las Cortes favorecía el debate improvisado y la presencia del presidente del Gobierno en un debate, en cualquier momento, incluso en comisión. Manuel Azaña relata en sus diarios la forma en la que acudía de improviso a las Cortes y participaba en un debate sobre un hecho de la víspera. Ahora, eso es imposible.
"La sociedad siempre va más deprisa que las normas, pero si hay una ley desfasada es el Reglamento del Congreso", asegura José Luis Ayllón, secretario del Grupo Parlamentario Popular, que defiende un cambio profundo para dinamizar el Congreso. El número dos del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, va más allá y reconoce que le resulta muy difícil "repartir juego" entre sus diputados.
Ayllón matiza que en el PP sí existe libertad de los diputados para presentar iniciativas y que, además, se han establecido fórmulas como las de responsables de asuntos concretos, más allá de las portavocías de las comisiones, para intervenir en cada asunto. Por ejemplo, además del portavoz en la Comisión de Industria, hay un responsable de las ayudas al sector del automóvil. Hasta ahora ya han intervenido en el pleno y en comisiones 120 de los 153 diputados del PP. En el pleno han hablado 92. El PSOE no tiene estadísticas sobre intervenciones de sus diputados, pero la cifra es notablemente inferior, al renunciar a una parte sustancial de su cupo.
En este momento hay sólo 35 diputados con dedicación exclusiva. El resto compatibiliza el escaño con distintas actividades, desde un despacho de abogados a la organización del partido o la participación en tertulias de medios de comunicación, conferencias o actividades docentes.
Oficialmente, toda actividad remunerada al margen de la de diputado debe ser expresamente autorizada; pero se ha aplicado siempre un criterio laxo. Así, en la anterior legislatura se permitió que el entonces portavoz del PSOE en la Comisión de Presupuestos, Ricard Torres, ponente en todas las normas sobre impuestos, abriera en la Comunidad Valenciana despachos de asesoría fiscal. A 67 de los diputados que declararon otra actividad se les pidió aclaración en junio y aún no han respondido todos.
Esos datos de actividades son reservados. A instancias del diputado de ICV Joan Herrera se va a incluir en el debate sobre una hipotética reforma de la ley electoral una propuesta para que los diputados tengan dedicación exclusiva o, al menos, que sea transparente la concesión de compatibilidades.
Pese a que en el Parlamento se pide luz y taquígrafos y se invoca la transparencia, es una de las instituciones más opacas. Es imposible conocer oficialmente las estadísticas de ocupación de los diputados. Este periódico solicitó al responsable de prensa del Congreso, hace más de un mes, datos sobre los viajes oficiales de los parlamentarios, pagados con dinero público y remunerados con dietas; a día de hoy, no ha sido posible acceder a esa información.
Jáuregui asegura que son pocos los que en el Grupo Socialista compatibilizan su actividad como diputados con la de un despacho de abogados, la más frecuente. El Grupo Socialista no establece ningún control específico sobre la actividad de sus diputados, pero muchos, por su cuenta, remiten a la dirección sus trabajos, artículos o conferencias. Jáuregui asegura que debería crearse una especie de registro voluntario de actividad, pero no le parecería mal la dedicación exclusiva y, en todo caso, una total transparencia.
José María Michavila, ex ministro de Justicia y diputado del PP, es un ejemplo de parlamentario que compatibiliza su actividad pública con otras privadas. Tiene abierto un despacho de abogados, actúa como representante de artistas reconocidos y mantiene una fundación. Su tesis es que la exigencia de dedicación exclusiva empobrecería el Parlamento e impediría su contacto con la sociedad. Se jacta de no haber faltado a ninguna votación del pleno.
Ferran Bono mantiene aún la visión del recién llegado a la política. Es periodista y no está afiliado al PSOE. Diputado por Valencia, se dedica exclusivamente al escaño. "Se podría optimizar el funcionamiento del Congreso porque, por ejemplo, en el reciente debate de Presupuestos se duplican debates que ya se han producido en las comisiones, que son más dinámicas y operativas", asegura.
Otro caso es el de los diputados con portavocías, es decir, con responsabilidad en asuntos concretos y, además, en su partido. Por ejemplo, Carmen Montón, diputada socialista por Valencia, es miembro del comité federal del PSOE, responsable de la sectorial de participación ciudadana de su partido y portavoz de Igualdad en el Congreso. Es portavoz en las subcomisiones de reforma de la ley del aborto y de violencia de género, que se celebran a puerta cerrada. Asegura que hay un trabajo no visible de preparación de intervenciones, de estudio de comparecencias, de coordinación con el Gobierno, de negociación de enmiendas y de presencia en esas subcomisiones que, al ser a puerta cerrada, carecen de proyección pública. Se completa con la actividad en el partido y el contacto con la circunscripción.
Otro caso completamente distinto es el de los diputados de grupos minoritarios. En esos casos la actividad parlamentaria les obliga a multiplicarse. Por ejemplo, Joan Tardà, diputado de ERC, interviene varias veces en el pleno sobre asuntos dispares y en varias comisiones para fijar posición; para lo que, además, debe negociar y pactar detalles de las propuestas.
Según la explicación de Jáuregui, la semana de los diputados socialistas se inicia el lunes por la mañana con las reuniones orgánicas en cada una de las sedes del partido. Por la tarde se reúne la dirección del Grupo Socialista para preparar las proposiciones, mociones y debates de los plenos y fijar la estrategia de la semana. El martes por la tarde y el miércoles por la mañana hay pleno. En teoría, el jueves por la mañana también, pero en esta legislatura la producción legislativa del Gobierno es tan escasa que pocas son las semanas con plenos los jueves. El viernes queda reservado a las respectivas circunscripciones.
El número dos del grupo socialista distingue tres escalones: los miembros de la dirección, los 30 portavoces y los diputados de a pie. Los portavoces de cada una de las comisiones son para Jáuregui la "columna vertebral del grupo" y, en la mayoría de los casos, tienen plena dedicación.
Los "diputados rasos" provocan mayor preocupación a Jáuregui por los problemas para darles participación. Por ejemplo, el encorsetado reglamento dificulta que, al margen de comisiones y subcomisiones, se celebren conferencias de un solo día o jornadas parlamentarias en las que acudan miembros de la sociedad civil, empresarios, asociaciones, etcétera. El modelo sería el estadounidense, que termina con la aprobación de libros blancos que sirven de guía a la Cámara.
Los grupos controlan sólo con recomendaciones la asistencia de los diputados a plenos y sólo fijan sanciones para las ausencias en votaciones. De los dos partidos mayoritarios, sólo el PSOE proporciona el reglamento interno completo, mientras que el PP se limita a informar de las sanciones que contempla. Hay coincidencia en que muchos diputados admiten no tener conocimiento de tales normas internas.
El del PSOE prevé una multa de "200 euros por ausencia no autorizada a votaciones en ponencia o comisión", "400 euros por ausencia no autorizada a votaciones en pleno" y "600 euros por ausencia no autorizada a votaciones del pleno que requieran mayoría cualificada o tenga singular importancia y así se haya indicado previamente".
En lo que va de legislatura sólo se ha multado con 600 euros al diputado Juan Antonio Barrio de Penagos, por romper la disciplina de voto a propósito de una moción que censuraba el paso del ex responsable de la Oficina Económica de La Moncloa, David Taguas, al lobby de las firmas constructoras.
En el PP, la ausencia no justificada a votaciones se sanciona con 100 euros de multa; pero al igual que en el PSOE, en esta legislatura no se ha impuesto ninguna. La multa por romper la disciplina de voto en el PP es de 300 euros y se han impuesto tres: a dos diputados de Murcia por no apoyar el estatuto de Castilla-La Mancha y a uno de UPN en la votación del Presupuesto. La diputada por Zaragoza Luisa Fernanda Rudi rompió la disciplina de voto sobre el minitrasvase a Barcelona, pero no fue sancionada; sólo hubo un apercibimiento casi simbólico.
Los populares preparan un nuevo reglamento interno. En su caso, el absentismo tiene que ver a veces con sus tensiones internas. Así, es normal que diputados considerados críticos no acudan a las sesiones de control al Gobierno en las que interviene Mariano Rajoy. Son, por ejemplo, Juan Costa, Ángel Acebes, Gabriel Elorriaga, Carlos Aragonés e Ignacio Astarloa, entre otros. La dirección del Grupo Popular no se da por enterada.
Del régimen de los diputados, lo único plenamente transparente son los sueldos, cuyo baremo está colgado en la web del Congreso, accesible para todos los ciudadanos. Los salarios están en función del grado de responsabilidad. Todos reciben una asignación mínima e idéntica de 3.126,52 euros al mes, con complementos mensuales que varían según el cargo y que pueden llegar hasta los 9.000 euros en el caso del presidente de la Cámara.