Recorrer España de la fresa a la uva

Una nueva fórmula en la que tanto empresarios como trabajadores salen ganando. Consiste en contratar inmigrantes en sus países de orígen para que participen en una campaña agrícola y después en otra y en otra, hasta que finalice el contrato negociado. Todo supervisado por el Ministerio de Trabajo y con proyectos de integración social incorporados. Así podría resumirse el convenio firmado el pasado martes por Juan Antonio Millán, presidente de la Fundación para Trabajadores Extranjeros en Huelva, y Lluís Torrent, presidente de la Fundació de Pagesos Solidaris de Cataluña. Este año, por primera ...

Una nueva fórmula en la que tanto empresarios como trabajadores salen ganando. Consiste en contratar inmigrantes en sus países de orígen para que participen en una campaña agrícola y después en otra y en otra, hasta que finalice el contrato negociado. Todo supervisado por el Ministerio de Trabajo y con proyectos de integración social incorporados. Así podría resumirse el convenio firmado el pasado martes por Juan Antonio Millán, presidente de la Fundación para Trabajadores Extranjeros en Huelva, y Lluís Torrent, presidente de la Fundació de Pagesos Solidaris de Cataluña. Este año, por primera vez en España, un grupo de trabajadores inmigrantes participará en la recolección de la fresa en Huelva y podrá luego enlazar con las campañas de la fruta dulce en Lleida, la vendimia en el Penedés, la manzana en Girona o los cítricos en Tarragona. En vez de cuatro meses, podrán quedarse en el país entre ocho y 10. "Lo novedoso no es que esto se haga. Lo que pasa es que nos dimos cuenta de que se podía hacer bien", explica Torrent.

Los trabajadores temporeros podrán quedarse en el país el doble de tiempo

De momento se contratarán trabajadores de Senegal, Mali y Colombia. De este último país, con el que Cataluña lleva firmando convenios desde 2000, vendrán los primeros 100 temporeros. "El proyecto beneficia tanto a los inmigrantes, que pueden permanecer más tiempo en España y llevar más dinero a casa, como a los empresarios, que deben pagar un viaje menos y controlar la legalidad de las migraciones", señala Torrent, cuya fundación representa al 60% de los agricultores catalanes.

El 4 de noviembre el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, visitó Cartaya (Huelva, 16.900 habitantes) y anunció que ya se estaba dialogando con Castilla La Mancha, Aragón o Extremadura para participar de esta fórmula. En su visita a Marruecos, el pasado lunes, Corbacho volvió a plantear el proyecto. "Con los 1.000 euros de media al mes que gana en España una trabajadora marroquí, ella y su familia pueden vivir allí más de un año", asegura Juan Antonio Millán, que también es alcalde de Cartaya por el PSOE.

Torrent y Millán destacan el apoyo de las ONG y fundaciones que proporcionan cursos para la formación de los trabajadores. "Hemos desarrollado 500 acciones formativas entre lengua, informática, prevención de riesgos laborales o asesoramiento legal", enumera Millán. "Damos una formación de autodesarrollo para que sean capaces de solicitar ayudas y conseguir otros puestos en el futuro", continúa Torrent. Y aclara: "No los traemos sólo para trabajar. Los ayudamos a buscar un futuro digno".

En Cartaya incluso se ha abierto un piso de acogida para hijos de temporeras nacidos durante su estancia. "Este año han sido 25 niños", confirma el alcalde. Los presidentes de las asociaciones coinciden en que la concatenación será la fórmula para encauzar la inmigración ilegal. "El anuncio del ministro no fue espontáneo. Ha sido una decisión elaborada y meditada por todos los implicados", concluye Millán.