El Parlamento debatirá elevar el nivel de ingresos para acceder a un piso protegido
La oposición forzó ayer que se debata en el Parlamento el aumento del límite de ingresos máximos para poder acceder a viviendas de protección oficial (VPO), ahora fijado en 35.000 euros anuales. La propuesta aprobada en la Comisión de Ordenación Territorial con los votos del PSE, PP y Aralar pretende adecuar esa cantidad a la inflación. El tripartito presentó una enmienda a la totalidad, que fue rechazada, por lo que el asunto se votará próximamente en el pleno de la Cámara.
El parlamentario socialista Jesús Loza recordó que en 2002 el baremo para acceder a los sorteos de pisos protegi...
La oposición forzó ayer que se debata en el Parlamento el aumento del límite de ingresos máximos para poder acceder a viviendas de protección oficial (VPO), ahora fijado en 35.000 euros anuales. La propuesta aprobada en la Comisión de Ordenación Territorial con los votos del PSE, PP y Aralar pretende adecuar esa cantidad a la inflación. El tripartito presentó una enmienda a la totalidad, que fue rechazada, por lo que el asunto se votará próximamente en el pleno de la Cámara.
El parlamentario socialista Jesús Loza recordó que en 2002 el baremo para acceder a los sorteos de pisos protegidos ascendía a 33.100 euros, por lo que en 2008 debería incrementarse en un 16% por efecto de la inflación. Precisó que, pese a que Vivienda actualizó los ingresos para optar a pisos protegidos de régimen general a 35.000 euros, "no es suficiente, ya que la inflación subió un 10% más en el periodo de 2002 a 2008".
Desde el tripartito, Oskar Matute, de EB, partido que controla Vivienda, defendió que la última subida resulta "más que suficiente", ya que incluye unos ingresos "muy elevados, sobre todo, en esta situación de parálisis inmobiliaria". Incidió en la necesidad de reflexionar sobre a qué tipo de público objetivo se quieren ofrecer las viviendas de protección oficial.
Mientras, continúa la tramitación del proyecto de ley de modificación de la ley de Suelo para aumentar a un 15% la participación de los ayuntamientos en las plusvalías urbanísticas, después de que los grupos rechazasen ayer una enmienda a la totalidad del PP. La norma actual fija esa ratio en el 10%.
El PP pedía la devolución del proyecto de ley al estimar que no supondrá un aumento de recaudación para los consistorios y conllevará un alza del precio final de las viviendas, porque va a encarecer el coste del suelo. Juan Antonio Arieta-Araunabeña, del PNV, replicó que esta medida servirá para que los ayuntamientos den un "uso debido" al suelo y a las viviendas.