Turquía sienta en el banquillo a la trama golpista de ultraderecha

Turquía empezó a ajustar cuentas ayer con el golpismo que ha frenado su acercamiento a Europa durante el último medio siglo. El desmantelamiento policial de la trama de ultraderecha Ergenekon, una red que pretendía sembrar el caos mediante atentados, asesinatos y manifestaciones callejeras para forzar un golpe de Estado del Ejército contra el Gobierno islamista moderado del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, dio paso ayer al primer juicio en el que se sentarán en el banquillo de los acusados 86 ex militares, ultranacionalistas y altos cargos del Estado. En el punto de mira de sus pistoleros...

Turquía empezó a ajustar cuentas ayer con el golpismo que ha frenado su acercamiento a Europa durante el último medio siglo. El desmantelamiento policial de la trama de ultraderecha Ergenekon, una red que pretendía sembrar el caos mediante atentados, asesinatos y manifestaciones callejeras para forzar un golpe de Estado del Ejército contra el Gobierno islamista moderado del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, dio paso ayer al primer juicio en el que se sentarán en el banquillo de los acusados 86 ex militares, ultranacionalistas y altos cargos del Estado. En el punto de mira de sus pistoleros estaban el propio jefe del Gobierno turco y el premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk.

Entre los objetivos de la red Ergenekon estaban Erdogan y el escritor Pamuk

Un atentado contra el diario de orientación laica Cumhuriyet, seguido de la incautación en Estambul de un alijo de granadas de mano, con los sellos del Ejército y similares a las usadas en el ataque a la sede del periódico, desencadenó una reacción sin precedentes en Turquía. Más de un centenar de personas -entre ellas dos ex generales, oficiales en activo y miembros de las fuerzas de seguridad- han sido detenidas en sucesivas redadas policiales.

Los tres fiscales que han investigado el caso durante más de un año han agrupado sus acusaciones en un sumario de 2.500 folios. Se trata del primer juicio que se abre en Turquía contra el llamado Estado profundo, una trama reaccionaria incrustada en el aparato de la Administración que se resiste a las transformaciones políticas y sociales que vive el país en su proceso de aproximación a la Unión Europea.

La vista comenzó en medio del tumulto, ante la masiva presencia de abogados y periodistas, en una sala especial habilitada en la prisión de máxima seguridad de Silivri, en la zona metropolitana de Estambul. Tras un retraso de cerca de dos horas, los jueces del Tribunal Criminal de Estambul decidieron que se iba a iniciar la vista sólo para los 46 de los 86 procesados que se hallan en prisión, en tanto que los miembros de Ergenekon que permanecen en libertad, o los 30 detenidos pendientes de que sea completada su investigación, serán juzgados en una segunda fase del macrojuicio.

Los analistas de la prensa turca coinciden en que el proceso será largo y tedioso, y que los letrados defensores intentarán dilatarlo aún más y tratarán de enterrarlo con artimañas procedimentales. De momento, está previsto que la vista se reanude el jueves.

Pero el valor simbólico de este juicio es incuestionable en Turquía. Por primera vez, la justicia turca se atreve a investigar y enjuiciar a miembros de castas hasta ahora intocables del poder, como militares, rectores universitarios y altos cargos del aparato del Estado, en la república centralista, laica y autoritaria fundada por Mustafá Kemal, Atatürk, tras la derrota del Imperio otomano en la I Guerra Mundial.

"No sabemos adónde conducirá este juicio, pero una cosa es segura, Turquía está cambiando", asegura Baskin Oran, profesor de la Universidad de Ankara y uno de líderes del movimiento de renovación de la izquierda turca.

Entre los 30 detenidos que aún esperan a que se complete el sumario contra ellos figuran el ex jefe de la gendarmería turca, el ex general Sener Zeruygul, y el ex general del Ejército de Tierra Hürsit Tolon, que se sentarán en el banquillo en la segunda fase del juicio. El primero de ellos es también el presidente de la Asociación para la Defensa del Pensamiento Kemalista, la organización que convocó multitudinarias manifestaciones contra el Gobierno islamista a lo largo de 2007.

Entre los encausados figura también el ex rector de la Universidad de Estambul, Kemal Alemdaroglu, y el jefe del pequeño grupo ultranacionalista Partido Obrero, Kemal Kerinçsiz.

La fiscalía les acusa de posesión de armas, integración en banda armada y de formar una organización terrorista. Otros de los cargos son "incitación a la rebelión armada contra el Gobierno y contra la República". Las pruebas más consistentes parecen confirmar la participación de miembros de Ergenekon en el asesinato de un magistrado del Consejo de Estado en 2006. Otras evidencias desvelan la existencia de planes para asesinar, además de al primer ministro Erdogan y al novelista Pamuk, al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y al alcalde nacionalista kurdo de Diyarbakir. La sombra de su implicación en el asesinato del periodista turco-armenio Hrant Dink, tiroteado a la puerta de su revista en Estambul en enero de 2007, planea también en el sumario del caso Ergenekon.

Los sectores laicos conservadores de la sociedad turca acusan al Gobierno islamista de haber manipulado a los fiscales para abrir una investigación política y denuncian como un montaje todo el proceso por la trama golpista Ergenekon. Grupos de ultraderecha gritaban ayer a las puertas de la prisión de Silivri: "Los traidores están en el Parlamento y los patriotas en la cárcel".

Los grupos liberales y próximos al Gobierno celebran sin embargo el avance sin precedentes que supone para la democracia en Turquía la apertura del juicio al Estado profundo. La organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha pedido a los jueces turcos que "investiguen también las supuestas implicaciones de militares en activo, de los servicios secretos y del aparato burocrático del Estado" en el caso Ergenekon. "Esta investigación ofrece a Turquía", según HRW, "una gran oportunidad para mostrar con claridad que pedirá cuentas a las fuerzas de seguridad si se han producido abusos".