El Cabildo que presidía Soria avaló un plan hotelero ilegal
El informe del Gobierno canario denunció vicios y trucos en el proyecto del amigo del líder del PP
El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, que presidía Juan Manuel Soria, líder del PP en las islas, al que investiga la fiscalía por corrupción, aprobó en octubre de 2005 un macroproyecto hotelero de 7.500 plazas -la mitad eran nuevas- de Anfi Tauro, empresa hotelera propiedad de un amigo de Soria. El Cabildo calificó el plan empresarial "de interés para la isla, y conforme con la ordenación, el modelo territorial establecido y la capacidad de carga insular". Apenas dos meses después, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario emitió un informe -obligado por la moratoria u...
El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, que presidía Juan Manuel Soria, líder del PP en las islas, al que investiga la fiscalía por corrupción, aprobó en octubre de 2005 un macroproyecto hotelero de 7.500 plazas -la mitad eran nuevas- de Anfi Tauro, empresa hotelera propiedad de un amigo de Soria. El Cabildo calificó el plan empresarial "de interés para la isla, y conforme con la ordenación, el modelo territorial establecido y la capacidad de carga insular". Apenas dos meses después, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario emitió un informe -obligado por la moratoria urbanística que sólo admitía este tipo de proyectos por causas excepcionales-, al que ha tenido acceso este periódico, que pulverizaba uno a uno los argumentos del Cabildo: "No reúne los requisitos de excepcionalidad". "Presenta incumplimientos de la ordenación urbanística y no se considera justificable" el número de plazas pedidas.
El desarrollo aprobado incumplía la ordenación urbanística
El promotor invitó al político popular a un viaje a Noruega y Austria
José Manuel Soria se ausentó de la sesión en la que el Cabildo Insular que presidía aprobó un plan empresarial que avalaba el dueño del grupo empresarial, el noruego Bjorn Lyng. El Cabildo defendía que el proyecto de Bjorn Lyng, amigo de Soria, fuera eximido de la moratoria que impedía construir nuevas plazas hoteleras en el archipiélago y, en todo caso, limitaba a 3.600 plazas las edificables por año en toda la provincia.
Unas semanas antes de que el Cabildo de Gran Canaria aprobara el controvertido proyecto hotelero, el promotor noruego había invitado a Soria a un viaje a Austria en su jet privado para asistir a un festival de música y luego a Noruega a pescar salmón.
La denuncia del periodista Carlos Sosa unió ambos hechos y ha provocado que la fiscalía investigue un supuesto trato de favor.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el fiscal anticorrupción Luis del Río investigan si el regalo del empresario a Soria, hoy vicepresidente del Gobierno canario y reelegido como líder regional del PP, fue un cohecho y si hubo prevaricación.
Como primera medida, la fiscalía ha planteado recabar todo el expediente urbanístico de este proyecto hotelero. Y pieza angular del expediente es el análisis que hizo el jefe de servicio de análisis territorial de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario, Faustino García Márquez.
Sus conclusiones fueron inequívocas: "Se considera que el proyecto presentado no reúne desde el punto de vista territorial los requisitos de excepcionalidad establecidos en la disposición transitoria segunda de la ley 19/2003 [normativa regional que fijó la moratoria de plazas hoteleras], al no ajustarse la capacidad alojativa solicitada a la capacidad de uso de los equipamientos planificados, dado que no pueden considerarse, a tal efecto, el campo de golf de 18 hoyos, vinculado a la autorización previa concedida al establecimiento hotelero situado en la parcela T-1 con una capacidad de 800 a 1.186 plazas, ni las instalaciones portuarias y de playa, al no encontrarse aún legitimadas por el planeamiento y la evaluación de impacto correspondiente".
"A mayor abundamiento", continuaba el escrito, "la actuación cuenta ya con licencias para 3.653 plazas alojativas, de las que 1.400 se encuentran en ejecución y 2.087 aún no se han iniciado, por lo que no se considera justificable en estas circunstancias la iniciativa de obtener autorizaciones previas para otras 3.019 plazas adicionales para su eventual ejecución a lo largo de diez años, según prevé el promotor. Por otra parte, el planeamiento territorial y urbanístico que legitima la actuación se encuentra cuestionado por los tribunales".
Por entender que los "defectos documentales e incumplimientos de la ordenación urbanística que acumula el anteproyecto no son subsanables sin afectar sustantivamente a los objetivos y contenido del documento", el informe señalaba que el único camino para resolverlos era "la iniciación de un nuevo expediente". En definitiva, lo tumbaba: "Por todo ello, se propone informar desfavorablemente la declaración de interés general del proyecto".
El informe del Ejecutivo canario, por otro lado, hallaba numerosos vicios, errores, y trucos en el proyecto. Por ejemplo, la inclusión de un puerto deportivo y de unas playas, que no estaban incluidas en el plan parcial y, por tanto, carecían de planeamiento específico. La propia ubicación del puerto despertaba reservas medioambientales, según el informe. El proyecto, además, "presentaba unas capacidades y densidades edificativas que superan las máximas establecidas por el plan parcial". El informe de la Consejería de Medio Ambiente dejaba al desnudo la oculta intención del proyecto avalado por el Cabildo presidido por Soria: "Es obvio que no cabe aprovechar el presente expediente para introducir modificación alguna de cualquiera de las determinaciones del plan parcial, que deberá tramitarse en la forma establecida legalmente".
Y había una confusión de lenguaje interesada. El proyecto hablaba continuamente de uso "residencial turístico", cuando el plan sólo admite el "uso turístico". ¿Cuál era la diferencia? "La diferencia es relevante, como señala el informe del servicio insular de planeamiento, puesto que podría estarse planteando la introducción del uso residencial prohibido en el sector".
El informe también denunciaba el impacto paisajístico de las nuevas edificaciones hoteleras: "La disposición de los hoteles en pantallas de 12 a 15 plantas de altura y de alta densidad (50 metros cuadrados de solar por cama) tiene su antecedente, en la urbanización Anfi del Mar, pero las que allí constituyen pantallas adosadas a un acantilado, poco apreciables desde tierra, aquí se sitúan en los bordes de un amplio valle, enmarcando completamente su paisaje".
El propio informe resaltaba que amén de refutar las nuevas plazas cabía recordar que Anfi Tauro ya disfrutaba ilegalmente de un exceso: cuenta con "licencias urbanísticas para sendos hoteles de 1.186 y 901 plazas, cuando las respectivas autorizaciones previas fueron otorgadas para 800 y 752, ajustada la primera de ellas al límite máximo para hoteles vinculados a campos de golf de 18 hoyos, lo que podría constituir una infracción muy grave".
Nada de esto fue óbice para que el Cabildo de Gran Canaria avalara el macroproyecto hotelero de Anfi Tauro que, por sí solo, consumía todas las plazas hoteleras que preveía la norma para toda la provincia. Y todo ello con una acelerada emisión de informes por distintos organismos del Cabildo tras el viaje regalado a Soria por Lyng. Informes que daban luz verde al proyecto, pero desgranaban múltiples deficiencias.
Finalmente, el Gobierno canario, de Coalición Canaria, recondujo el proyecto de Anfi Tauro. Sólo aceptó 1.790 de las 3.600 nuevas plazas propuestas, y dejó consolidado el resto (unas 3.500 más).