Discreción
Las cosas no tienen que ir muy bien cuando Manuel Chaves no tenido más remedio que dar un golpe en la mesa y advertir a su compañero José Montilla que va por un camino equivocado cuando vincula las relaciones PSOE-PSC al resultado final de las negociaciones sobre un nuevo sistema de financiación autonómica. Hasta ahora se había pronunciado con suma prudencia, moviéndose en la más pura ortodoxia y apoyando las tesis del Gobierno central en esta materia, puesto que, en lo sustancial, coinciden con la posición de la Junta andaluza.
Pero, al final, apela a su condición de presidente federal...
Las cosas no tienen que ir muy bien cuando Manuel Chaves no tenido más remedio que dar un golpe en la mesa y advertir a su compañero José Montilla que va por un camino equivocado cuando vincula las relaciones PSOE-PSC al resultado final de las negociaciones sobre un nuevo sistema de financiación autonómica. Hasta ahora se había pronunciado con suma prudencia, moviéndose en la más pura ortodoxia y apoyando las tesis del Gobierno central en esta materia, puesto que, en lo sustancial, coinciden con la posición de la Junta andaluza.
Pero, al final, apela a su condición de presidente federal de su partido para dar un toque de atención ante las continuas y permanentes bravuconadas que surgen desde Cataluña, sobre todo, por parte de los dirigentes socialistas. Alguien tiene que frenar estas actitudes que van más allá de la legítima defensa que deben hacer unos y otros de sus reivindicaciones, y está claro que ese momento ya ha llegado.
Y máxime cuando el Ejecutivo central ha acordado con los catalanes un plazo de dos meses para llegar a un acuerdo. Claro que el nuevo gesto de fuerza de Montilla se produce después de que días atrás pidiera discreción en el proceso negociador abierto, algo que debe levantar las lógicas suspicacias en el resto del país. Está bien eso de los contactos bilaterales, pero no se debe olvidar el principio de transparencia que, dicen, preside, por primera vez, este tipo de contactos.
Si bien se ha destacado aquí el estilo propio que marca las evoluciones del Gobierno andaluz, en este caso fijando un perfil bajo y para nada marcado por el conflicto -pauta que, todo hay que decirlo, hasta ahora le ha dado buenos resultados-, está por ver si tal línea a seguir va a ser la más conveniente ante el duro hueso de roer en el que se ha convertido la reclamación de la liquidación de la deuda histórica.
El compromiso de pago está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía que, a su vez, da un amplio margen de tiempo para ello. Pero, tal y como está la situación económica del país y la presión política del resto de comunidades, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo tiene realmente difícil a la hora de asumir sus responsabilidades en este capítulo.
Para recordárselo no estaría de más que el siempre prudente vicepresidente segundo, el consejero de Economía, José Antonio Griñán, esta semana, en su comparecencia en el Parlamento, con la solvencia que le caracteriza, enseñara los dientes de una vez por todas. Aunque, desde luego, lo mejor sería que no hiciera falta. Nos conformaríamos con que anunciara que hay un principio de acuerdo con su colega Pedro Solbes para resolver, definitivamente, esta asignatura pendiente de Andalucía.