Letras al vencimiento

El mes de agosto ha deparado abundantes informaciones sobre la coyuntura económica y otras letras giradas para ser pagadas al vencimiento en el próximo otoño. La política anticíclica, la financiación autonómica, la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su integridad y de cinco de los doce magistrados del Constitucional (TC), el presupuesto de 2009, el pronunciamiento de la Sala Especial del Supremo acerca de la ilegalización de ANV y PCTV como segundas marcas de Batasuna y las sentencias del TC sobre el Estatuto de Cataluña y el recurso interpuesto por el Gobierno co...

El mes de agosto ha deparado abundantes informaciones sobre la coyuntura económica y otras letras giradas para ser pagadas al vencimiento en el próximo otoño. La política anticíclica, la financiación autonómica, la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su integridad y de cinco de los doce magistrados del Constitucional (TC), el presupuesto de 2009, el pronunciamiento de la Sala Especial del Supremo acerca de la ilegalización de ANV y PCTV como segundas marcas de Batasuna y las sentencias del TC sobre el Estatuto de Cataluña y el recurso interpuesto por el Gobierno contra la ley autonómica del Parlamento Vasco sobre consultas populares aprobada el pasado junio forman parte de ese paquete. Las brasas de la guerra reavivada en el Cáucaso y el descuento anticipado de las elecciones presidenciales americanas de noviembre estarán también presentes en los debates de política exterior.

Los resultados del 9-M han modificado el marco de juego de la política parlamentaria. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundido hace varias semanas registra casi un empate entre PSOE y PP. El retroceso en escaños de Esquerra y de Izquierda Unida han dejado al PSOE sin la posibilidad de recurrir a la ayuda de sus dos principales aliados durante la anterior legislatura para sumar la mayoría en situaciones comprometidas. La discusión sobre la financiación autonómica, el carácter bilateral o multilateral de la negociación y los criterios aplicados para fijar los importes aleja un acuerdo parlamentario estable del Gobierno con CiU.

La sorda guerra interna librada en el seno del PNV desde la dimisión de Josu Jon Imaz también dificultará los eventuales acuerdos de reciprocidad entre el Gobierno y el grupo parlamentario nacionalista en el Congreso para aprobar en paralelo los presupuestos de 2009 tanto en las Cortes Generales como en la Cámara vasca. El llamamiento del lehendakari Ibarretxe a los ciudadanos vascos para que denuncien al Estado español ante el Tribunal Europeo por violación de derechos fundamentales si el TC declarase -cosa altamente probable- la inconstitucionalidad de la ley de consultas (que establece, regula y convoca para el próximo 25 de octubre un referéndum disfrazado de consulta demoscópica sobre la autodeterminación del País Vasco el año 2010) sería simplemente un chistoso sucedido de la tierra si no fuese por la irresponsable esquizofrenia político-jurídica que implica su formulación. El presidente de la Comunidad Autónoma de Euskadi no puede simultanear el desempeño de su cargo estatal con el anuncio de su insumisión a título de ciudadano particular.

Las declaraciones de los principales dirigentes del PP parecen confirmar por el momento -habrá tiempo durante el resto de la legislatura para comprobar la sinceridad de ese giro- su propósito de guardar lealtad al sistema constitucional; la explotación demagógica de catástrofes y desgracias para desgastar al Gobierno durante la anterior legislatura (como la obscena manipulación con fines partidistas de los incendios forestales de Galicia y Guadalajara o de las muertes de soldados españoles en Afganistán y el Líbano) contrasta con el sobrio tratamiento dado por los líderes populares al trágico accidente de Spanair.

Las intemperantes respuestas del Gobierno a críticas razonadas, tanto del aterrizaje en la pasarela de un lobby del director de la Oficina Económica presidencial nada más cesar en su puesto, como del apoyo de la mayoría de los eurodiputados socialistas españoles a la reciente Directiva del Retorno de inmigrantes aprobada por el parlamento de Estrasburgo, son un ejemplo del rígido almidonamiento de las altas instancias gubernamentales tras cuatro años de poder. Agotada -por absurda- la táctica defensiva de negar las evidencias de las graves repercusiones de la crisis internacional sobre la economía española, agudizadas por el desfondamiento del sector inmobiliario y el elevado déficit exterior, el presidente del Gobierno ha anunciado su próxima comparencia en el Congreso para informar sobre la situación. Zapatero parece haber comprendido que una cosa es el optimismo antropológico sobre el sentido de la vida y otra muy distinta el optimismo geológico referido al buen comportamiento de las placas tectónicas.

Las direcciones del PSOE y del PP salieron aparentemente reforzadas de sus respectivos Congresos celebrados al comienzo del verano. Pero así como los pescados comienzan siempre a pudrirse por la cabeza, las amenazas visibles de división interna para los partidos suelen proceder de organizaciones territoriales que desempeñan en la vida política española -estatal, autonómica y municipal- un destacado papel. La victoria del PSOE o del PP en las elecciones generales de 2012 puede depender de que los socialistas catalanes y los populares madrileños -descontentos ahora con su dirección nacional- permanezcan fieles, cambien de caballo o se abstengan en las urnas.