El alcalde de Muxía deberá declarar por malversación
El alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto, deberá acudir a declarar al Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión el próximo 6 de agosto como imputado por los presuntos delitos de fraude de subvenciones y malversación de fondos públicos. El juzgado admitió a trámite, el pasado día 15 de julio, la querella interpuesta cinco días antes por el PP. En ella, los populares acusan al alcalde y dirigente del sindicato Unións Agrarias de financiar con dinero público el viaje a Argentina de la presunta agente electoral del PSdeG María Isabel Blanco, entre los días 2 de abril y 22 de mayo de 2007,...
El alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto, deberá acudir a declarar al Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión el próximo 6 de agosto como imputado por los presuntos delitos de fraude de subvenciones y malversación de fondos públicos. El juzgado admitió a trámite, el pasado día 15 de julio, la querella interpuesta cinco días antes por el PP. En ella, los populares acusan al alcalde y dirigente del sindicato Unións Agrarias de financiar con dinero público el viaje a Argentina de la presunta agente electoral del PSdeG María Isabel Blanco, entre los días 2 de abril y 22 de mayo de 2007, supuestamente con el objetivo de solicitar el voto a emigrantes gallegos en aquel país, con motivo de las elecciones municipales de 2007.
Asimismo, en la querella se añade que María Isabel Blanco había sido contratada en diciembre de 2006 por la Unión de Viticultores do Castro de Ourense a través de una subvención de la Consellería de Traballo y que, en su lugar, trabajó bajo las órdenes del alcalde Félix Porto en la oficina de Unións Agrarias de Vimianzo, del que el acusado era responsable comarcal, sin que, según el PP, se cumplieran las condiciones fijadas en la concesión de la subvención. El alcalde de Muxía mostró ayer, en declaraciones a Europa Press, su confianza en que la causa será archivada "en un breve periodo de tiempo", ya que opina que se trata de una "denuncia estrictamente política" que carece de base jurídica. Además, calificó la actitud del PP de demagógica.