Detenido por esclavizar a inmigrantes en Huelva
La Guardia Civil detuvo ayer en Cartaya (Huelva) a un ciudadano marroquí por mantener en condiciones infrahumanas a siete compatriotas. M .A., de 38 años, fue arrestado en el taller de confección donde obligaba a los trabajadores inmigrantes a cumplir, hacinados, jornadas laborales de hasta 18 horas diarias. El local, de sólo 43 metros cuadrados, carecía de ventilación y apenas estaba iluminado. Por todo ello el detenido está acusado de un presunto delito contra el derecho de los trabajadores y ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Ayamonte.
En el momento...
La Guardia Civil detuvo ayer en Cartaya (Huelva) a un ciudadano marroquí por mantener en condiciones infrahumanas a siete compatriotas. M .A., de 38 años, fue arrestado en el taller de confección donde obligaba a los trabajadores inmigrantes a cumplir, hacinados, jornadas laborales de hasta 18 horas diarias. El local, de sólo 43 metros cuadrados, carecía de ventilación y apenas estaba iluminado. Por todo ello el detenido está acusado de un presunto delito contra el derecho de los trabajadores y ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Ayamonte.
En el momento de su arresto, que se produjo a las 8.15 de ayer, M. A. se encontraba en el taller, situado en la calle Almedral del municipio costero. Allí se apiñaban los siete trabajadores, junto a numeroso material textil y máquinas de coser.
Trato vejatorio
Los inmigrantes vivían en condiciones de "semiesclavitud", según afirmó la Guardia Civil. Los investigadores señalaron que el detenido infligía constantes tratos vejatorios, humillaciones, insultos, amenazas e, incluso, agresiones físicas a las personas a las que explotaba.
En los dos meses que ha durado el suceso, el detenido pagó a sus empleados sólo 200 euros, que éstos debían repartir entre ellos. Al parecer, el acusado les había dicho que les había descontado de sus sueldos el alquiler de la vivienda en las que residían. Los trabajadores le habían pagado presuntamente 7.500 euros cada uno bajo la promesa de que el detenido les garantizaba unas condiciones laborales dignas, así como regularizar su situación administrativa. De los siete trabajadores, cinco tenían su documentación en regla, mientras que dos se encontraban en situación irregular.
Las víctimas que poseían autorización de residencia y trabajo tenían limitada su licencia a un año, y siempre con contrato a tiempo parcial. Aun así, realizaban jornadas de trabajo diarias desde las ocho de la mañana hasta la hora que designaba el empresario, entre las once de la noche y las dos de la madrugada. Los trabajadores gozaban sólo de un descanso de hora y media para comer y sus días libres se limitaban a algunos domingos. El patrón los tenía atemorizados.