El PSE insta a revisar el decreto del euskera en el comercio
Dice que la norma rompe los acuerdos lingüísticos en Euskadi
El PSE buscará negociar con el Gobierno el decreto del uso obligatorio del euskera en los comercios. Los socialistas descartar recurrir a los tribunales, como ha anunciado el PP, y quieren modificarlo "por la senda política", aseguró ayer la parlamentaria y responsable de Políticas Sociales y Sectoriales de esta formación, Isabel Celaá.
El PSE censuró que se haya elaborado sin un consenso con las otras fuerzas políticas y que rompa con los pactos lingüísticos en Euskadi. Celaá enfatizó que hay un "salto cualitativo" en las políticas del euskera al intervenir "por primera vez en la activ...
El PSE buscará negociar con el Gobierno el decreto del uso obligatorio del euskera en los comercios. Los socialistas descartar recurrir a los tribunales, como ha anunciado el PP, y quieren modificarlo "por la senda política", aseguró ayer la parlamentaria y responsable de Políticas Sociales y Sectoriales de esta formación, Isabel Celaá.
El PSE censuró que se haya elaborado sin un consenso con las otras fuerzas políticas y que rompa con los pactos lingüísticos en Euskadi. Celaá enfatizó que hay un "salto cualitativo" en las políticas del euskera al intervenir "por primera vez en la actividad privada". El decreto aprobado hace dos semanas por el Consejo de Gobierno obliga a las empresas de servicios y a establecimientos comerciales y hosteleros de una determina dimensión y plantilla a atender obligatoriamente en euskera a sus clientes antes de cuatro años.
Celaá ha mantenido un contacto informal con los responsables del Gobierno y, tras las vacaciones veraniegas, intentará reunirse oficialmente para modificar la normativa. "Vamos a ver si nos podemos entender", dijo ayer sin dar más detalles de la postura del Ejecutivo.
Los socialistas valoran que el decreto conlleva una "enorme inseguridad jurídica para las empresas", ya que se extendería a sucursales de grandes empresas. "Una gasolinera de Petronor, que tiene uno o dos empleados, estaría obligada por el decreto", dijo.
Isabel Celaá opinó que al tripartito "se le ha ido de las manos el decreto", al tratar de extender la realidad catalana con la vasca. "¿Cómo comparar el País Vasco, que cuenta con un 31% de bilingües, con Cataluña, donde un 95% de la población se maneja con el catalán?", se preguntó antes de recordar que el catalán se aprende en seis meses y el euskera, "y por un docente", requiere dos años. Admitió que el Gobierno ha logrado el consenso con el sector, pero reiteró que es necesario además un pacto político.
Celaá subrayó que el decreto contempla sanciones en caso de incumplimiento del uso del euskera, y aunque dudó que se apliquen con el actual viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, permite que sí lo haga en el futuro "otro responsable" de ese área. Los socialistas creen que, ante la demanda del euskera en la sociedad "que debe ser fomentada", esta normativa introduce "exigencias desproporcionadas".