Trampas, felonías e indolencias

El País Valenciano no es Marbella ni por fortuna tiene méritos todavía para ser incluido en el retablo mundial de la especulación y criminalidad que Misha Glenny describe en su desveladora obra McMafia (Destino). Entre nosotros, y después del fulgor histórico que nos legó un brillante y lejano pasado, tanto los negocios como los trapicheos y las empresas parecen prolongar el arraigado modelo del minifundio agrario, a tenor del cual toda iniciativa resulta como más encogida o acaso comedida. Nuestra idiosincrasia está en realidad ahormada por la medianía, tanto en la virtud como en el es...

El País Valenciano no es Marbella ni por fortuna tiene méritos todavía para ser incluido en el retablo mundial de la especulación y criminalidad que Misha Glenny describe en su desveladora obra McMafia (Destino). Entre nosotros, y después del fulgor histórico que nos legó un brillante y lejano pasado, tanto los negocios como los trapicheos y las empresas parecen prolongar el arraigado modelo del minifundio agrario, a tenor del cual toda iniciativa resulta como más encogida o acaso comedida. Nuestra idiosincrasia está en realidad ahormada por la medianía, tanto en la virtud como en el escándalo. Aunque de uvas a peras se producen excepciones estrepitosas, por ello mismo, más chocantes. Tal ha sido esta maniobra u operación que acaba de registrarse en La Vila Joiosa a propósito de ese dechado de infracciones urbanísticas que es el complejo hotelero Atrium Beach.

Se recordará que este nunca mejor dicho desmesurado edificio fue objeto en 2004 de la mayor multa urbanística de la historia impuesta por estos pagos por haber construido 11 plantas de más (¡ni nada menos!) mientras que el Ayuntamiento del PP miraba hacia otro lado o ignoraba cómo paralizar las obras. El Consell de la Generalitat, en cambio, sí afrontó en su momento el problema y acordó una sanción de 12 millones largos de euros, lo que permitió a las autoridades autonómicas sacar pecho por el rigor de la misma. Ahora, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia acaba de anularla por motivos formales, lo que propicia no pocas sospechas. Y la primera de ellas consiste en que los supuestos incumplimientos que los juzgadores constatan no sean más que parte de la trama o trampa diseñada para dejar sin efecto el ostentoso correctivo y consumar el desafuero arquitectónico. No hay más grande ni mejor negocio que el que se apoya en la complicidad del Gobierno, escribe el especialista en mafias arriba citado. Depurar responsabilidades contribuiría a sanear la miasma que desprende este singular asunto, del que por ahora nadie ha ido al trullo ni ha pagado un euro, lo que tampoco resulta demasiado asombroso por estos lares y semejantes enredos.

Al calor del ladrillo, a pesar de sus horas bajas, la semana nos ha deparado otros episodios con vitola de indecencia al tiempo que expresivos de la laxa moral pública vigente. Nos referimos a dos casos de transfuguismo igualmente condenables, registrados en Silla, donde el alcalde del PSPV ha sido beneficiado por la felonía de un edil popular y, en Dénia -donde un veterano socialista, émulo de la más señera de las tránsfugas, la benidormí Maruja Sánchez- ha dado el Gobierno local al PP. En el horizonte de esta maniobra está la redacción del Plan de Ordenación Urbana y, obviamente, los intereses del gremio promotor, que son a la postre los que a menudo cortan el bacalao para descrédito de la clase política y especialmente de los dos grandes partidos, incapaces de respetar sus propios acuerdos contra los tránsfugas, restaurando de este modo y en lo posible el muy menguado prestigio de los gestores municipales. Claro que el remedio idóneo sería el castigo en las urnas, aunque por desgracia y por estas tierras la honradez no suele recompensarse con los votos y así le luce el pelo a la democracia.

A ese descrédito, precisamente, ha contribuido la redada realizada estos días pasados en Benitatxell, otro municipio de La Marina Alta, próximo a Dénia, donde la Guardia Civil detuvo al alcalde, una concejala de origen austriaco y un promotor alemán -perfectamente asimilados, como es evidente- por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho tan propios de la cleptocracia urbanística que ha prosperado por doquier. Un suceso ciertamente notable por la aparatosidad mediática de la detención, pero apostaríamos que abocado a diluirse en el olvido como tantos escándalos e imputaciones que han sido flor de un día a lo largo del litoral valenciano. Entre los propósitos del Gobierno autonómico nunca ha estado el saneamiento de la corrupción, respecto a la cual siempre ha observado una actitud autista y distante, como si no le atañese, con la colaboración, eso sí, de la desarmada justicia, indolente opinión pública y cautiva -de sus propias flaquezas- oposición política.