El conflicto de la Fábrica de Uranio llega a Estrasburgo
Los ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) no están dispuestos a tirar la toalla después de casi dos décadas de lucha para que se les reconozca la enfermedad profesional por las patologías contraídas por su exposición al uranio durante los 22 años en que estuvo abierta la escombrera. A pesar del varapalo recibido el mes pasado, con sendas resoluciones desfavorables por parte de la Seguridad Social y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), la asociación de antiguos empleados ha decidido acudir ahora al Parlamento Europeo para solici...
Los ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) no están dispuestos a tirar la toalla después de casi dos décadas de lucha para que se les reconozca la enfermedad profesional por las patologías contraídas por su exposición al uranio durante los 22 años en que estuvo abierta la escombrera. A pesar del varapalo recibido el mes pasado, con sendas resoluciones desfavorables por parte de la Seguridad Social y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), la asociación de antiguos empleados ha decidido acudir ahora al Parlamento Europeo para solicitar el amparo a sus reivindicaciones.
Lo van a hacer a través de una pregunta escrita presentada por el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer en la que se pide a la Comisión Europea a que se inste a las autoridades españolas a solucionar este problema y resarcir de los perjuicios constatados y probados que estos trabajadores han padecido durante su vida laboral.
"¿Tiene conocimiento la Comisión de alguna situación similar en algún Estado miembro?", se pregunta en la iniciativa parlamentaria. Y es que, en la FUA, que estuvo abierta entre los años 1959 y 1981, trabajaron 126 trabajadores, de los que 55 ya han fallecido (los dos últimos en este año), en su mayor parte por patologías asociadas al cáncer.
El presidente de la asociación de ex trabajadores, José Soto, admitió ayer el estado de desánimo entre el colectivo tras los informes del Ciemat y de la Seguridad Social, éste último ya recurrido por el abogado de la asociación.