El policía municipal imputado por extorsión detuvo a un etarra en 1997
El agente arrestó a uno de los activistas que intentaron atentar en el Guggenheim
La adicción a algún tipo de droga fue el detonador de una espiral que puede arruinarle la vida al policía municipal de Bilbao imputado por haber extorsionado presuntamente a un empresario hostelero, a quien reclamó 3.000 euros amenazándole con el cierre de su local. Pero años atrás, la vida de este agente dio un vuelco radical a raíz de una detención.
Era el 13 de octubre de 1997, faltaban apenas unos días para que el Rey Juan Carlos asistiese a la inauguración oficial del museo Guggenheim, y ETA se había propuesto dejar su marca en el evento, con tres maceteros que escondían 12 granada...
La adicción a algún tipo de droga fue el detonador de una espiral que puede arruinarle la vida al policía municipal de Bilbao imputado por haber extorsionado presuntamente a un empresario hostelero, a quien reclamó 3.000 euros amenazándole con el cierre de su local. Pero años atrás, la vida de este agente dio un vuelco radical a raíz de una detención.
"La droga le hizo perder la cabeza", señala un agente que trabajó con él
Era el 13 de octubre de 1997, faltaban apenas unos días para que el Rey Juan Carlos asistiese a la inauguración oficial del museo Guggenheim, y ETA se había propuesto dejar su marca en el evento, con tres maceteros que escondían 12 granadas anticarro, según cuenta la crónica de EL PAÍS de entonces. Tres etarras, vestidos como empleados de floristería, se acercaron con una furgoneta Ford Transit de color blanco hasta los alrededores de la pinacoteca para dejar ahí las funestas plantas. Un ertzaina, José Manuel Aguirre, se acercó identificarles al ver que algo no cuadraba en la matrícula. Los terroristas dispararon y Aguirre recibió un impacto de bala que le produciría la muerte 26 horas después. Los tres miembros del comando Kattu echaron a correr por el centro de Bilbao en una persecución en la que no dudaron en bajar a una mujer y su hijo del coche pistola en mano. Sólo un etarra, Kepa Arronategi, pudo ser detenido (sería condenado a 72 años de prisión por intentar matar al rey). Lo capturó el agente imputado por extorsión, según ha podido saber este periódico.
Esto le costó muy caro. Residente en Larrabetzu (Vizcaya), un feudo nacionalista, gobernado por el PNV y donde ANV tiene cuatro consejales, la detención marcó una creciente brecha entre él y su entorno. Tuvo que mudarse, cambiar de vida. En paralelo, su adicción (varias fuentes sugieren que a la cocaína) se disparó. "La droga le hizo perder la cabeza, no hay más historia. Esto no es Coslada", señala un policía que trabajó varios años con él. Ayudado por su compañera sentimental, el agente exigió 3.000 euros a un empresario hostelero para no cerrarle el local por superar el aforo permitido, tal y como adelantó ayer El Correo. El empresario se resignó y pagó. Hace dos semanas y media, una denuncia a la policía municipal avisó de la extorsión y encaminó a los agentes locales, que comunicaron al juez la información.
El concejal delegado de Seguridad Ciudadana en Bilbao (PNV), Eduardo Maiz, explicó ayer que el agente está suspendido de empleo y perderá su condición de funcionario si termina siendo condenado. Maiz aseguró que de momento "sólo hay un caso de un hostelero extorsionado", sin indicios de otros. El edil indicó que para él y la Policía Municipal, la presunta extorsión ha supuesto un disgusto extraordinario. "La actuación de una persona empaña la labor que todos los días 800 policías están realizando en la calle. Esto hace un daño a la imagen de la Guardia Urbana, aunque en este caso haya un problema de drogas detrás y una situación personal complicada", precisó Maiz.
El Sindicato Vasco de Policía y Emergencias apuntó en un comunicado que, "aunque de ningún modo pueden ni deben ser disculpadas" las acciones del imputado si resulta culpable, también recordó que "padece una situación personal muy problemática". La central alega que el agente estuvo implicado en "una actuación en la que arriesgó mucho en lo profesional y en lo personal, y que le ocasionó una irreparable y traumática fractura familiar". También exigió que la depuración de responsabilidades "no se quede" en el imputado. Este último, con grado de cabo, está ingresado en una clínica de desintoxicación. Es la segunda vez que trata su adicción en un centro.