Una treintena de bares investigados en el 'Guateque' acumulan 1.294 denuncias

Han transcurrido siete meses desde que el juez Santiago Torres comenzara las actuaciones del caso Guateque, la mayor trama de corrupción conocida en el Ayuntamiento de Madrid. Aunque parece que el asunto ha caído ya en el olvido, el procedimiento sigue su curso en el juzgado. Una tímida comisión de investigación se encargó de dar el carpetazo político al asunto.

Durante la investigación judicial, que se saldó con 30 funcionarios y otros 20 empresarios investigados por conceder licencias a cambio de dinero, se revisaron 200 expedientes. Entre ellos, los de una treintena de bares y...

Han transcurrido siete meses desde que el juez Santiago Torres comenzara las actuaciones del caso Guateque, la mayor trama de corrupción conocida en el Ayuntamiento de Madrid. Aunque parece que el asunto ha caído ya en el olvido, el procedimiento sigue su curso en el juzgado. Una tímida comisión de investigación se encargó de dar el carpetazo político al asunto.

Algunos carecían de licencia de actividad, excedían el aforo o se pasaron del cierre

"Es injusto para los que cumplen la ley", señala el concejal Óscar Iglesias

Durante la investigación judicial, que se saldó con 30 funcionarios y otros 20 empresarios investigados por conceder licencias a cambio de dinero, se revisaron 200 expedientes. Entre ellos, los de una treintena de bares y locales de ocio que acumulan 1.294 denuncias de la Policía Municipal. Muchos carecen de licencia de apertura y recibieron orden de clausura o cierre temporal, pero aún siguen abiertos. Es el caso, por ejemplo, de la discoteca Dink, en la calle de Amaniel, que recibió 246 sanciones de la policía. Nunca ha sido clausurada.

Responsables de la investigación del caso ordenaron examinar el expediente de este local para comprobar por qué sigue abierto, a pesar de tener una orden de clausura "sin que los servicios municipales de inspección se hayan apercibido". Además, la Guardia Civil encontró documentación sobre este local en uno de los despachos de consultoría supuestamente implicados en la trama de corrupción.

La mayoría de estos establecimientos de ocio han sido investigados por estar relacionados con algunos de los despachos de consultoría que supuestamente hacían de intermediarios con funcionarios para agilizar las licencias. Los propietarios de las empresas Agustino Proyectos e Instalaciones y AC 93 fueron encarcelados por el juez Torres por intermediar entre técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente y propietarios de bares en la tramitación de licencias.

Algunos de los locales de copas investigados acumulaban más de 100 denuncias policiales. En su mayoría por carecer de permiso de actividad, sobrepasar la hora de cierre, exceder el aforo o realizar actividades diferentes de las permitidas en las solicitudes de licencia.

Es el caso del bar Archy, situado en la calle del Marqués de Riscal, que no cuenta con licencia de apertura ni de funcionamiento. Por eso ha recibido 144 denuncias de la policía entre 2005 y 2007. Sólo posee una licencia, caducada, de 1997. Hace dos años la policía ordenó precintarlo ante la acumulación de denuncias, pero sigue sirviendo copas cada noche. A pesar de todas las denuncias, en Urbanismo no hay abierto ningún expediente sancionador contra esta discoteca. Un portavoz de Archy comentó por teléfono que no habían recibido ninguna multa.

Otro de los establecimientos investigados es el restaurante-discoteca MOMA, en la calle de José Abascal. No tiene licencia de funcionamiento como discoteca, sólo como restaurante, pero cada noche abre hasta las seis de la mañana. La policía ha presentado 20 denuncias contra este local. La firma Agustino Proyectos realizó el estudio de solicitud de licencia, que fue aprobado por la junta municipal de Chamberí, pero los servicios jurídicos de la misma junta lo denegaron. El local cuenta con una orden de clausura por realizar actividades diferentes de las permitidas, pero sigue abierto. Un trabajador del local aseguró por teléfono a este periódico que tenían todos los permisos en regla.

El edil socialista Óscar Iglesias exige al Ayuntamiento que haga cumplir la ley y que investigue el motivo "por el que se levantan actas si luego no se ejecutan las sanciones". Iglesias asegura que "esta situación provoca inseguridad jurídica física y es injusta para los que cumplen la ley y no conocen a alguien que les puede ayudar a agilizar los trámites". También señala que existe malestar entre los policías municipales, que se quejan porque su trabajo se pone en tela de juicio, ya que "se realizan inspecciones, se levantan actas y luego no se imponen las sanciones". Un portavoz municipal reconoce que la policía "sólo levanta las actas". Las sanciones las dictan las juntas de distrito. El mismo portavoz declinó hacer más declaraciones sobre el tema.