El Gobierno aprueba hoy un nuevo paquete fiscal

Acuciado por la necesidad de contrarrestar las malas noticias económicas, el Gobierno se dispone a aprobar más medidas de reactivación. El Consejo de Ministros dará hoy el visto bueno a la supresión del impuesto de patrimonio, una de las iniciativas estrella de la campaña electoral.

El Consejo aprobará un anteproyecto de ley con medidas fiscales de diversa índole. Además de la eliminación del tributo de patrimonio, se introducirán algunas novedades referentes al impuesto de sociedades -el que pagan las empresas por sus beneficios- y al IVA, según explica el Ministerio de Economía y Haci...

Acuciado por la necesidad de contrarrestar las malas noticias económicas, el Gobierno se dispone a aprobar más medidas de reactivación. El Consejo de Ministros dará hoy el visto bueno a la supresión del impuesto de patrimonio, una de las iniciativas estrella de la campaña electoral.

El Consejo aprobará un anteproyecto de ley con medidas fiscales de diversa índole. Además de la eliminación del tributo de patrimonio, se introducirán algunas novedades referentes al impuesto de sociedades -el que pagan las empresas por sus beneficios- y al IVA, según explica el Ministerio de Economía y Hacienda. Tras la aprobación, el texto se remitirá al Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, y deberá volver a pasar por el Consejo de Ministros.

El impuesto de patrimonio grava los bienes o derechos de un millón de contribuyentes a partir de 108.182 euros. Está exenta la vivienda habitual hasta un límite de 150.000 euros (el doble si hay dos propietarios). Con estos requisitos, el impuesto sólo recauda 1.445 millones de euros, según los últimos datos disponibles, referentes a 2005. Esa cantidad indica que las grandes fortunas escapan a ese tributo. El Gobierno ha utilizado esta idea para defender su eliminación, con el argumento de que al final recae en las clases medias.

Lo más probable es que el Ejecutivo decida eliminar el gravamen del impuesto y mantener la obligación de declarar los bienes para establecer un control sobre el patrimonio. Deberá, eso sí, compensar a las comunidades autónomas, receptoras de estos ingresos.