La fiscalía pide archivar la querella del PP por el Barbanza

El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, asegura que la querella que presentó el Partido Popular contra altos cargos de la Consellería de Política Territorial por la adjudicación de las obras de construcción de la vía rápida del Barbanza no tiene fundamento penal alguno. En contra de lo que sostienen desde hace dos años el partido de la oposición y su líder, Alberto Núñez Feijóo, que basó buena parte de su ofensiva contra el Gobierno de la Xunta en esa querella judicial, el ministerio público ha solicitado al juez que instruye las diligencias "el sobreseimiento libre" de la causa.

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El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, asegura que la querella que presentó el Partido Popular contra altos cargos de la Consellería de Política Territorial por la adjudicación de las obras de construcción de la vía rápida del Barbanza no tiene fundamento penal alguno. En contra de lo que sostienen desde hace dos años el partido de la oposición y su líder, Alberto Núñez Feijóo, que basó buena parte de su ofensiva contra el Gobierno de la Xunta en esa querella judicial, el ministerio público ha solicitado al juez que instruye las diligencias "el sobreseimiento libre" de la causa.

Criticas al juez por citar a los altos cargos a cuatro días de las generales

"No existen elementos mínimamente suficientes como para proseguir las actuaciones penales", advierte en su escrito el fiscal, quien defiende que no hay base que apoye la teoría del PP de que se incurrió en un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. La resolución supone un traspiés para el partido denunciante y también para el juez decano de Santiago, Francisco Javier Míguez Poza, quien en febrero pasado aceptó a trámite la querella por considerar, como afirmaba el PP, que hubo "burda maniobra" por parte del bipartito al sustituirse la empresa a la que el Gobierno de Fraga había encargado valorar las ofertas para adjudicar esas obras.

Cuatro días antes de las elecciones generales de marzo, el juez Míguez Poza llamó a declarar como imputados a dos directores generales y a dos funcionarios de las consellerías de Política Territorial y Economía, ambas gestionadas por el PSOE. La Fiscalía Superior, tras practicar "una serie de diligencias de investigación", concluye, por el contrario, que no pudo producirse de modo alguno un delito de prevaricación ya que la mesa de contratación, constituida por los altos cargos y funcionarios imputados, no dictó ninguna resolución administrativa antes de cambiar su propuesta de adjudicación de las obras.

Prevaricar es adoptar una resolución a sabiendas de que es injusta, y en este caso no hubo ninguna antes de encargar definitivamente la nueva vía del Barbanza a una filial de Sacyr, en vez de a la constructora San José que había sido inicialmente seleccionada para este contrato. En cuanto al supuesto tráfico de influencias denunciado por el PP, "lo cierto es que no se ha podido constatar con un mínimo de objetividad la mera sospecha de que se hubiera visto confirmado que la empresa adjudicataria hubiera realizado cualquier maniobra para obtener la adjudicación o cualquier otra ventaja ante funcionarios", afirma el fiscal.

El fiscal Carlos Varela concluye que "la salida más adecuada a la situación" es solicitar del juez "el cierre" de la causa abierta. El escrito cuestiona además "la oportunidad" de citar a altos cargos del bipartito en vísperas de las elecciones.

Un par de horas después de conocerse la decisión del fiscal, el PP se apresuró a calificarla como "anómala". Su portavoz parlamentario, Manuel Ruiz Rivas, aseguró que a las comparecencias de los imputados ante el juez acudieron tres fiscales distintos, lo que en su opinión,prueba la "falta de transparencia" del ministerio público. Política Territorial, por su parte, se mostró confiada en que la Justicia certificará la "honradez" y "profesionalidad" de sus técnicos y funcionarios. "Trabajamos para ofrecer a los ciudadanos la mejor infraestructura", subrayó este departamento en un comunicado.