El futuro de la UE, en manos de dos jueces británicos

La justicia británica tiene la última palabra en la decisión política más delicada desde que Tony Blair decidió apoyar la invasión de Irak: convocar, o no, un referéndum para ratificar o rechazar el Tratado de Lisboa de la Unión Europea. A pesar de que el Gobierno ha dicho en numerosísimas ocasiones que no piensa convocarlo y que es suficiente la ratificación parlamentaria, y a pesar de que el propio Parlamento ha rechazado también por amplia mayoría la necesidad de que se convoque una consulta popular, dos jueces británicos empezaron ayer y tienen previsto continuar hoy una vista sobre el cas...

La justicia británica tiene la última palabra en la decisión política más delicada desde que Tony Blair decidió apoyar la invasión de Irak: convocar, o no, un referéndum para ratificar o rechazar el Tratado de Lisboa de la Unión Europea. A pesar de que el Gobierno ha dicho en numerosísimas ocasiones que no piensa convocarlo y que es suficiente la ratificación parlamentaria, y a pesar de que el propio Parlamento ha rechazado también por amplia mayoría la necesidad de que se convoque una consulta popular, dos jueces británicos empezaron ayer y tienen previsto continuar hoy una vista sobre el caso en el Tribunal Superior de Londres.

Los 'tories' recurren a una demanda para impedir la aprobación del texto

El juez lord Richards y el juez Mackay escucharon ayer los argumentos de un multimillonario donante del Partido Conservador, Stuart Wheeler, que en mayo consiguió que se le reconociera el derecho a plantear el caso en los tribunales. Su abogado mantuvo ayer en el tribunal que "el Gobierno prometió un referéndum y ha de mantener su promesa" porque "está en juego la buena administración, el juego limpio y el trato honesto con el público".

Un portavoz del Foreign Office transmitió ayer a este diario su convicción de que el Gobierno "tiene argumentos sobrados" para que la petición de Wheeler sea rechazada. Pero todo es posible cuando las cosas están en manos de un juez. O de dos magistrados. Por ejemplo, ¿quién esperaba en los años ochenta que un juez declarara ilegal subvencionar a las empresas de transporte público para abaratar los billetes que pagaban los usuarios? Aquella decisión judicial de un tema fundamentalmente político ayudó a Margaret Thatcher a disolver el Ayuntamiento del Gran Londres. En aquel entonces, los tories ganaron en los tribunales lo que no podían conseguir ejerciendo el poder político. Ahora, los tories vuelven a recurrir a lo que sea para parar la ratificación del Tratado porque no tienen mayoría para conseguirlo en el Parlamento.

La decisión que tomen los jueces acerca de la exigencia del multimillonario Wheeler puede tener una extraordinaria trascendencia en toda Europa. Si la justicia obliga al Gobierno a convocar un referéndum, el resultado de la consulta que el jueves celebran los irlandeses acabaría siendo irrelevante tanto si gana el sí como si gana el no. En las actuales circunstancias, con el laborismo sumido en una crisis profunda, el primer ministro, Gordon Brown, desorientado y los conservadores acariciando su regreso al poder tras perderlo en 1997, las posibilidades de que ganara el sí en un hipotético referéndum en el Reino Unido parecen bastante pequeñas.

Pero ese veredicto tendría consecuencias aún más profundas en la política británica, porque podría afectar al rango legal de las promesas de los partidos en sus programas electorales e incluso a la supremacía del Parlamento.