Columna

Municipios más fuertes

Los ayuntamientos españoles se quejan, no sin razón, de insuficiencia crónica de recursos. Su cercanía al ciudadano les obliga a ocuparse incluso de lo que no les compete. Las estimaciones disponibles cifran en un 30% el gasto de los ayuntamientos realizado en competencias no obligatorias. Al mismo tiempo, cuentan con un sistema de ingresos poco dinámico y muy controlado por los ciudadanos: las algaradas motivadas por subidas impositivas en el ámbito local no tienen paralelo con las que generan impuestos autonómicos o estatales; aunque de hecho sean más relevantes cuantitativamente para el bol...

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Los ayuntamientos españoles se quejan, no sin razón, de insuficiencia crónica de recursos. Su cercanía al ciudadano les obliga a ocuparse incluso de lo que no les compete. Las estimaciones disponibles cifran en un 30% el gasto de los ayuntamientos realizado en competencias no obligatorias. Al mismo tiempo, cuentan con un sistema de ingresos poco dinámico y muy controlado por los ciudadanos: las algaradas motivadas por subidas impositivas en el ámbito local no tienen paralelo con las que generan impuestos autonómicos o estatales; aunque de hecho sean más relevantes cuantitativamente para el bolsillo de los contribuyentes.

Si lo anterior es generalizable para el conjunto de España, en el caso gallego resulta exacerbado. La extraordinaria dispersión poblacional que padecemos eleva sustancialmente el coste de los servicios locales desplegados en red (alcantarillado, alumbrado, recogida de basura...). Y una cultura fiscal subdesarrollada en el pasado, al amparo de relaciones clientelares perversas, les convierte en los peor financiados de España. Mayores necesidades de gasto per cápita y menores recursos forman un cóctel explosivo.

Los ayuntamientos gallegos son los peor financiados al amparo de un clientelismo perverso

Entre otras consecuencias: incapacidad para contratar recursos humanos en cantidad y calidad, que puedan encargarse de la redacción y ejecución de buenos planes de urbanismo, del diseño y evaluación continua de políticas públicas, o de la elaboración y liquidación de los presupuestos; servicios públicos locales de baja calidad; y unos alcaldes siempre al borde del infarto financiero y que han de dedicar buena parte de su tiempo a buscar recursos de forma desaforada. Este es el retrato robot de la mayoría de los municipios gallegos.

Por todo lo anterior e independientemente de los acuerdos a los que se pueda llegar para el conjunto del Estado, es fundamental diseñar y ejecutar una estrategia para potenciar nuestros municipios. Para ello contamos con dos ventajas: una Fegamp que integra a todos los concellos, por encima de ideologías y una Xunta más proclive a reforzar a los municipios.

La estrategia debe integrar al menos los siguientes vectores. Para fortalecer la suficiencia y la autonomía financiera es preciso incrementar el importe global de las transferencias y subvenciones regladas, limitando todo lo posible las discrecionales, e introducir como variable clave en el reparto el esfuerzo fiscal de los concellos. Hasta que se normalice el esfuerzo fiscal en el ámbito local, hay que darles a los alcaldes el argumento de que las subidas impositivas que se aprueben irán acompañadas de incrementos en las transferencias. Creo que la mejor manera de hacerlo es negociar entre Xunta y FEGAMP, aprovechando la coyuntura para construir un nuevo marco interpretativo de la vida municipal que ayude a consolidar la cultura fiscal en este ámbito.

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Para mejorar la calidad de los servicios públicos es preciso robustecer significativamente los recursos humanos, favorecer la compartición de experiencias y knowhow, y reorientar la labor de Diputaciones y Xunta de Galicia.

Contratar personal más cualificado, aprovechar la capacidad formativa de la terna integrada por la Escola Galega de Administración Pública, las facultades de Ciencias Políticas y de la Administración de Pontevedra y Santiago, y la Escuela de gestión pública de Caixanova son claves para lo primero.

Potenciar la elaboración de indicadores y de grupos de trabajo intermunicipales es fundamental para lo segundo. En este sentido, el trabajo desplegado por la Diputación de Barcelona debe ser la referencia.

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