Investigado un concejal de Burriana por corrupción
La Fiscalía de Castellón ha abierto diligencias de investigación penal ante la posible comisión de un delito de corrupción y otro de delincuencia informática por parte del ex concejal de Policía y actual edil de Fiestas del Ayuntamiento de Burriana, Francisco Isach (PP). Isach, tal como demostró la documentación presentada por el PSOE y Ciutadans Independents per Burriana, no solo condonó las tasas de la grúa a amigos y familiares sino que pagó el canon por la retirada de los vehículos con dinero del Ayuntamiento.
Después de que el alcalde, José Ramón Calpe, anunciara el inicio de una i...
La Fiscalía de Castellón ha abierto diligencias de investigación penal ante la posible comisión de un delito de corrupción y otro de delincuencia informática por parte del ex concejal de Policía y actual edil de Fiestas del Ayuntamiento de Burriana, Francisco Isach (PP). Isach, tal como demostró la documentación presentada por el PSOE y Ciutadans Independents per Burriana, no solo condonó las tasas de la grúa a amigos y familiares sino que pagó el canon por la retirada de los vehículos con dinero del Ayuntamiento.
Después de que el alcalde, José Ramón Calpe, anunciara el inicio de una investigación e incluso ordenara el cobro de las tasas perdonadas pero sin tomar ninguna decisión respecto a la responsabilidad política del edil, la portavoz de Ciutadans Independents per Burriana, Mariola Aguilera, puso el caso en conocimiento de la fiscalía. Ahora, la fiscalía ha decidido abrir diligencias para investigar si la actuación de Francisco Isach puede ser constitutiva de un delito de corrupción.
Calpe accedió a iniciar la investigación pero no aceptó la moción en la que los grupos de la oposición exigían la dimisión del concejal. Entre la documentación aportada a la fiscalía se encuentran boletines de retirada de vehículos que indican que el coche "se entrega sin cobrar tasas de orden del señor concejal de Policía". La oposición calcula que solo en los expedientes comprobados las tasas impagadas por los propietarios de los vehículos suman unos 6.000 euros.