Momento de clarificacion

La pasada legislatura fue la legislatura de las reformas estatutarias. Debió haber sido la legislatura de la reforma constitucional y de las reformas estatutarias, pero no se pudo hacer frente a la primera y únicamente se hicieron las segundas. En buena medida por esa razón las reformas estatutarias fueron tan polémicas. En nuestro sistema constitucional la comunicación entre la Constitución y los estatutos de autonomía es tan intensa, que no es fácilmente separable el debate sobre la reforma la primera y la de los segundos. La ausencia de consenso para reformar la Constitución presagiaba que ...

La pasada legislatura fue la legislatura de las reformas estatutarias. Debió haber sido la legislatura de la reforma constitucional y de las reformas estatutarias, pero no se pudo hacer frente a la primera y únicamente se hicieron las segundas. En buena medida por esa razón las reformas estatutarias fueron tan polémicas. En nuestro sistema constitucional la comunicación entre la Constitución y los estatutos de autonomía es tan intensa, que no es fácilmente separable el debate sobre la reforma la primera y la de los segundos. La ausencia de consenso para reformar la Constitución presagiaba que el enfrentamiento en las reformas estatutarias iba a alcanzar la intensidad que alcanzó.

Desgraciadamente en esta legislatura tampoco va a ser posible la reforma de la Constitución, que continuará siendo la asignatura que todavía nos queda por aprobar a la sociedad española para normalizarnos como una sociedad democrática. Pero tendremos que continuar con las reformas en el ámbito estatutario. En parte, porque hay comunidades autónomas que no reformaron sus estatutos en la legislatura anterior y que lo harán en ésta y, en parte, porque hay un elemento esencial de las reformas estatutarias que está por hacer: la financiación.

Porque de financiación se ha hablado mucho, pero no se ha decidido prácticamente nada. Y no se ha decidido nada porque no se podía decidir. El estatuto de autonomía es el instrumento jurídico a través del cual se ejerce el derecho a la autonomía por las nacionalidades y regiones que se constituyen en comunidad autónoma en todos los momentos de ejercicio de ese derecho, menos en uno: en el de la financiación.

En lo que a éste se refiere, el llamado bloque de la constitucionalidad no está integrado exclusivamente por la Constitución y cada uno de los estatutos de autonomía, sino que está integrado por la Constitución, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA y cada uno de los Estatutos de Autonomía.

El momento de la financiación se distingue, pues, de los demás momentos del ejercicio del derecho de autonomía. En todos los demás hay una negociación, expresa en el caso de los Estatutos del 151 e implícita en los del 143 CE, entre cada Parlamento autonómico y las Cortes Generales. En el momento de la financiación no hay negociación bilateral, ni expresa ni implícita, entre Parlamentos autonómicos y Cortes Generales, sino que hay una negociación multilateral entre todas las comunidades autónomas y el Estado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el cual tiene que acordarse el modelo de financiación, que posteriormente las Cortes Generales lo incorporarán a la LOFCA mediante la correspondiente reforma de la misma.

En esta fase de la reforma de la estructura del Estado, tras las reformas estatutarias aprobadas en la pasada legislatura, es en la que ahora mismo nos encontramos. Puesto que el modelo de financiación tiene que ser el mismo para todas las comunidades autónomas, con la excepción de País Vasco y Navarra, tendrá necesariamente que llegarse a un acuerdo entre todos. En esta legislatura no nos vamos a estar mirando de reojo unos a otros, sino que nos vamos a tener que mirar de frente y pactar.

Ello va a conducir a que la negociación sea más dura, mucho más dura, pero también a que haya menos espacio para la demagogia y para los brindis al sol. En la definición de la financiación no hay nadie que pueda dejar de retratarse. En consecuencia, va a ser un momento de clarificación, porque las cuentas tienen que salir: las del Estado y las de cada una de las Comunidades Autónomas.