La Cañada Real vive bajo amenaza de más derribos
Unos 300 vecinos protestan ante la sede del Ayuntamiento en Cibeles
Incertidumbre. Ésa es la palabra que mejor define lo que viven estos días los vecinos que residen en el sector V de la Cañada Real Galiana, en el distrito de Vicálvaro. Tras el derribo el pasado martes de cuatro casas (una de ellas, una pensión), la amenaza sobrevuela este barrio. Hasta 30 familias están a la espera de que se ejecuten las órdenes de los juzgados y sus casas, todas ilegales, sean demolidas. Hartos de esta situación, promovida por las Administraciones regional y municipal, 300 vecinos se concentraron ayer por la tarde durante dos horas ante la sede del Ayuntamiento de Madrid, en...
Incertidumbre. Ésa es la palabra que mejor define lo que viven estos días los vecinos que residen en el sector V de la Cañada Real Galiana, en el distrito de Vicálvaro. Tras el derribo el pasado martes de cuatro casas (una de ellas, una pensión), la amenaza sobrevuela este barrio. Hasta 30 familias están a la espera de que se ejecuten las órdenes de los juzgados y sus casas, todas ilegales, sean demolidas. Hartos de esta situación, promovida por las Administraciones regional y municipal, 300 vecinos se concentraron ayer por la tarde durante dos horas ante la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la plaza de Cibeles, sin que se produjeran incidentes.
"No quieren llegar a ninguna solución. El Ayuntamiento y la Comunidad saben que hay un problema que afecta a mucha gente y no quiere solucionarlo", protestaba Alí el Mouzzate, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de la Cañada Real. Su casa fue demolida el martes "sin previo aviso". "Tardé dos años y medio en levantarla por completo. Y ahora, cuatro años después, me la tiran abajo. Aquí hay muchos intereses urbanísticos y especulativos", se queja. Tiene a su cargo a su esposa, a cinco hijos y a su suegra, que, con 78 años, va en silla de ruedas.
No es el único. Dos de los tres edificios de los que constaba una pensión fueron derribados el martes tras una orden del juzgado de lo contencioso-administrativo. Las dudas y la incertidumbre se ciernen ahora sobre las ocho familias que residen en el edificio que permanece en pie. No saben si será cuestión de días, o de meses, que su hogar también sea derribado.
Todos son bolivianos, procedentes de Cochabamba, que pagan una media de unos 300 euros al mes. "¿Qué mal hace la gente aquí? Deberían darnos dos semanas al menos para poder sacar todo lo nuestro. Hemos pagado el alquiler de todo el mes y nos podemos ver en la calle de un día para otro", planteaba Teo Agosto, un boliviano que lleva cuatro años en España y ocho meses en la Cañada.
La falta de noticias también se cierne sobre la casa de Mohamed, que vive desde hace seis años en el lugar. El martes derribaron la vivienda contigua a la suya, que era de su cuñado. También "sin aviso". Ahora Mohamed teme que su casa corra la misma suerte. Anoche durmieron en ella 11 personas: su familia y la de su cuñado. Prácticamente no había sitio. "Si nos tiran mi casa, ¿dónde nos meteremos? Alá es grande", añadió.
Peor lo están pasando los 13 niños, de entre 6 meses y 16 años, que vivían en la parte de la pensión derribada. Han sido acogidos por los responsables de la parroquia de San Carlos Borromeo, en Villa de Vallecas. "Hemos tirado colchones en el templo y hemos puesto una lavadora y una cocina para que estas familias se puedan apañar hasta que consigan un lugar decente", explicó el párroco Javier Baeza.
Siete de los niños están escolarizados en un colegio de Covibar (Rivas-Vaciamadrid) y la parroquia les ha procurado el transporte para que no dejen de ir a la escuela. "Eso de que el Samur Social ha realojado a las familias desalojadas en pensiones es mentira. Se han tenido que buscar la vida y gracias a la ayuda de San Carlos Borromeo, porque de otra forma tenían que ir a albergues", protestaba Cristina, de la Asociación de Vecinos de la Cañada Real.
Por todas estas razones, 300 vecinos acudieron a la concentración ante el Ayuntamiento. Estaban convocados por la asociación y por el movimiento V de vivienda. Solicitaron el permiso para la manifestación por el procedimiento de urgencia y la Delegación del Gobierno en Madrid la autorizó.
Una de las representantes vecinales leyó un comunicado en el que protestaban por los derribos de la Cañada. "Este Ayuntamiento y la propia fuente de la Cibeles también son ilegales, porque han sido construidos en una cañada real. Pero no las derriban. Es más, el alcalde tiene un despacho de 100 metros cuadrados", lamentó. "Y eso que esta ciudad quiere ser olímpica en menos de 10 años", terció Javier Baeza.
Durante la concentración se corearon lemas como "No somos delincuentes, somos personas", "Gallardón, especulación", "Zapatero, no nos falles", "Zapatero, te hemos votado", entre otros. Un fuerte dispositivo policial, con agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP, antidisturbios) y policías municipales, protegió la sede municipal. No se produjeron incidentes.
Baeza explicó al término de la concentración que la vicecónsul de Bolivia en Madrid ha mandado una consulta diplomática al alcalde de la capital, en la que le pide que le informe si era necesario el derribo de las viviendas de la cañada y si ha seguido el procedimiento legal.
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