La Fiscalía pide al Poder Judicial que llame al orden a la juez del 'Prestige'
El Tribunal Superior de Galicia debatirá sobre el alarmante retraso de la instrucción
El Ministerio Fiscal ha presentado una queja formal ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que inste al poder judicial a que llame al orden a la juez de Instrucción número 1 de Corcubión, Carmen Veiras Suárez, y enderece la instrucción del caso Prestige que acumula ya cinco años y más de 15.000 folios de sumario. La protesta, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior, busca la mediación del Consejo General del Poder Judicial para que agilice la investigación y en su caso "dote de los medios técnicos y humanos necesarios" al juzgado de Corcubión.
El asunto...
El Ministerio Fiscal ha presentado una queja formal ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que inste al poder judicial a que llame al orden a la juez de Instrucción número 1 de Corcubión, Carmen Veiras Suárez, y enderece la instrucción del caso Prestige que acumula ya cinco años y más de 15.000 folios de sumario. La protesta, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior, busca la mediación del Consejo General del Poder Judicial para que agilice la investigación y en su caso "dote de los medios técnicos y humanos necesarios" al juzgado de Corcubión.
El asunto ha de ser abordado por el pleno -el órgano de gobierno- del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que tiene previsto tratar en una de sus próximas reuniones si traslada la queja al Consejo General del Poder Judicial como pide la Fiscalía. La protesta alude a la dilación y al nuevo rumbo que ha tomado la instrucción del caso, una vez que la juez ha citado a declarar como imputado al "representante legal" de la sociedad clasificadora ABS, que avaló la navegabilidad del petrolero.
La ampliación de imputaciones ahora, a raíz de una ampliación de la querella presentada por la Plataforma Nunca Mais, y la indefinición de la orden, que no personaliza la citación, hacen peligrar toda la instrucción sumarial del caso, según argumenta la fiscalía en el recurso de apelación presentado contra la decisión de la juez. El fracaso de la investigación supondría dejar sin responsabilidad una de las grandes catástrofes ecológicas de Europa y provocar un probable conflicto institucional con Francia, cuyo Gobierno se sumó al pleito abierto en España para no duplicar procesos judiciales.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia teme la caducidad de alguna de las medidas cautelares dictadas por la juez de Corcubión y sobre todo que sus últimas decisiones desbaraten el juicio y provoquen que la mayor catástrofe ecólogica ocurrida en España quede impune. La queja formal que acaba de presentar el Ministerio Público pretende agilizar y sobre todo corregir la deriva de la instrucción y para ello solicita al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que reclame el amparo al Consejo General del Poder Judicial.
La lentitud de la investigación -por la que han pasado ya tres jueces distintos- queda de manifiesto en el contundente escrito firmado por el fiscal del caso en la respuesta a la citación en septiembre de 2008 del "representante legal de ABS", la sociedad estadounidense que certificó que el Prestige estaba en condiciones de navegar. El recurso pregunta a la instructora a qué o representante de la clasificadora se refiere, si a su delegado "en España, en Europa, en Oriente, donde se hacen las inspecciones", o si por el contrario alude "al presidente de la compañía".
En su escrito el fiscal vapulea la resolución de la juez tanto en el fondo como en la forma. Recuerda que, pese a reconocer en su auto que el Derecho español no ampara la imputación de delitos penales a personas jurídicas, la juez "admite sin más" la imputación al representante legal de la sociedad clasificadora, que no identifica. A continuación señala que el resto de la documentación solicitada sobrea las distintas inspecciones a las que se sometió el Prestige, "se encuentra ya en la cuantiosa documentación aportada a los autos, tanto por la propietaria registral, la propia sociedad de clasificación, la fletadora del barco, así como la defensa de los imputados y está siendo objeto de análisis por los peritos nombrados por el juzgado".
Facilidades a la defensa
Expertos juristas consultados por este diario coinciden con el ministerio público en que la medida dictada por la instructora es "imposible" de llevar a cabo en la práctica. Fuentes de las distintas partes personadas como acusación advierten de que la indicación un nuevo responsable por parte de la juez -que previsiblemente no podrá ser citado en el juicio- abriría "de par en par las puertas" al resto de las defensas para endosarle toda la responsabilidad al imputado que no estaría en la sala, la sociedad clasificadora ABS.