Vivienda puede ya expropiar las VPO que estén vacías tres meses

Las viviendas de protección oficial que no son utilizadas como domicilio habitual durante tres meses ya pueden ser expropiadas. El decreto del Departamento de Vivienda, aprobado el pasado 4 de marzo, está en vigor y sustituye a la anterior normativa que fijaba el plazo en un año.

El texto se publicó el viernes en el Boletín Oficial del País Vasco, informa Europa Press, y es un desarrollo normativo de la Ley de Suelo aprobada en 2006. En él se establece que las VPO deben ser destinadas a "domicilio habitual y permanente" y que pierden su condición cuando estos pisos permanezcan de...

Las viviendas de protección oficial que no son utilizadas como domicilio habitual durante tres meses ya pueden ser expropiadas. El decreto del Departamento de Vivienda, aprobado el pasado 4 de marzo, está en vigor y sustituye a la anterior normativa que fijaba el plazo en un año.

El texto se publicó el viernes en el Boletín Oficial del País Vasco, informa Europa Press, y es un desarrollo normativo de la Ley de Suelo aprobada en 2006. En él se establece que las VPO deben ser destinadas a "domicilio habitual y permanente" y que pierden su condición cuando estos pisos permanezcan desocupados durante más de tres meses de manera continuada, "salvo causa justificada que permita acreditar que dicha vivienda sigue constituyendo tal domicilio habitual y permanente".

Esta exigencia se extenderá a los nuevos inquilinos en caso de que el piso protegido sea vendido, al especificarse en una cláusula de inclusión obligatoria en el contrato de compraventa.

El decreto incluye la creación del Registro de Vivienda de Protección pública, en el que se recogerán los datos de todos los pisos con esta calificación en Euskadi, "sirviendo como elemento fiscalizador" para el cumplimiento de la legalidad.

En los últimos años, la consejería de Vivienda que dirige Javier Madrazo ha insistido en los mensajes de máxima dureza a los defraudadores de VPO. Hasta finales del pasado año, el departamento ha expropiado ocho casas que no eran ocupadas por sus propietarios.

Desde 2006, el Ejecutivo ha recuperado 37 VPO y ha impuesto 262 sanciones económicas por 586.000 euros. El fraude en el uso de las viviendas protegidas se sitúa en el 9%, fundamentalmente por la no ocupación, el alquiler no autorizado y la compraventa sin autorización. La consejería pretende revisar para 2009 todo el parque de VPO, algo más de 50.000 pisos.