Una plusvalía le cuesta a Benidorm 500.000 euros
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha obligado al Ayuntamiento de Benidorm, del PP, a devolver 463.091,83 euros a un particular, por haberle cobrado de forma indebida el impuesto valoración de terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía. Además, le condena a abonar los gastos por intereses de demora, que se corresponden a 52.722,20 euros. El Consistorio cobró un impuesto exclusivo de los terrenos urbanos cuando la zona era urbanizable.
La sentencia del TSJ recoge que "los terrenos transmitidos que dieron lugar a la liquidación cuestionada no ten...
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha obligado al Ayuntamiento de Benidorm, del PP, a devolver 463.091,83 euros a un particular, por haberle cobrado de forma indebida el impuesto valoración de terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía. Además, le condena a abonar los gastos por intereses de demora, que se corresponden a 52.722,20 euros. El Consistorio cobró un impuesto exclusivo de los terrenos urbanos cuando la zona era urbanizable.
La sentencia del TSJ recoge que "los terrenos transmitidos que dieron lugar a la liquidación cuestionada no tenían la consideración de urbanos, sino de urbanizables programados sin instrumento urbanístico de desarrollo previamente aprobado". El Ayuntamiento alegó en el proceso que pertenecían al "corredor terciario APR-3 ordenado pormenorizadamente mediante plan especial de reforma integral". El secretario reconocía que los terrenos "ocupan gráficamente parcelas catalogadas con números de referencia catastral distintos del referido", pero en el expediente del Ayuntamiento clasifica el inmueble como "terreno urbanizable programado" que no tenía aprobado el plan, explica la sentencia. "En ningún momento se alega -y menos acredita- por el Ayuntamiento de Benidorm que los terrenos transmitidos estuvieran sectorial izados dentro del suelo urbanizable", añade.
El vecino interpuso un recurso de reposición a la liquidación tributaria el 1 de diciembre de 2000, y una resolución municipal lo desestimó el 8 de octubre de 2001.