Venezuela pide la detención del ex presidente de Iberia

El Tribunal 42 de Control de Caracas dictó en la noche del miércoles orden de prisión contra el ex presidente de Iberia Xabier de Irala, como presunto responsable de la "quiebra fraudulenta" de la línea aérea Venezolana Internacional de Aviación, SA (Viasa).

El juzgado ha actuado a instancias de la fiscalía venezolana, que acusa a Irala de "presunta comisión del delito de quiebra fraudulenta". El tribunal pidió a la policía venezolana que, a través de la Interpol "verifique la ubicación y posterior captura del referido ciudadano".

La fiscalía recordó que el 29 de enero había soli...

El Tribunal 42 de Control de Caracas dictó en la noche del miércoles orden de prisión contra el ex presidente de Iberia Xabier de Irala, como presunto responsable de la "quiebra fraudulenta" de la línea aérea Venezolana Internacional de Aviación, SA (Viasa).

El juzgado ha actuado a instancias de la fiscalía venezolana, que acusa a Irala de "presunta comisión del delito de quiebra fraudulenta". El tribunal pidió a la policía venezolana que, a través de la Interpol "verifique la ubicación y posterior captura del referido ciudadano".

La fiscalía recordó que el 29 de enero había solicitado a las autoridades españolas "asistencia mutua" para citar a declarar como imputado al que fue presidente de Iberia entre 1996 y 2002.

Irala, que desde 2003 preside la caja de ahorros de Bilbao Bizkaia (BBK), aseguró que no ha recibido ninguna notificación de tribunales venezolanos y mostró su "total disposición a colaborar" en el proceso judicial de Viasa.

Iberia adquirió en 1991 el 45% de las acciones de Viasa, mientras que el resto del capital pertenecía a un fondo del Gobierno venezolano (40%) y al Banco Provincial (15%), según ha relatado Irala en un comunicado. Cuando Irala accedió a la presidencia de Iberia ésta era todavía una empresa pública. Un año después, en 1997, los accionistas de Viasa solicitaron la suspensión de pagos. Un juzgado venezolano decretó la quiebra en diciembre de 2000.

Irala señala que la suspensión de pagos y posterior quiebra de Viasa "se hizo con absoluta transparencia y ajustándose a la legalidad vigente, como así establecieron numerosas sentencias de los tribunales venezolanos".