Negligencia legislativa

La responsabilidad política es la evaluación del uso que un individuo autorizado para ello hace de su poder. El ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela ejerció el poder que le habían confiado los ciudadanos para hacer una cosa razonable (pedir al fiscal que investigara una denuncia anónima por presuntas sedaciones irregulares en el servicio de urgencias del Hospital de Leganés) y otra, altamente irresponsable: ignoró el informe de ese fiscal y de los expertos de la Clínica Médico Forense de los juzgados de Madrid, según los cuales no existían pruebas que permitieran est...

La responsabilidad política es la evaluación del uso que un individuo autorizado para ello hace de su poder. El ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela ejerció el poder que le habían confiado los ciudadanos para hacer una cosa razonable (pedir al fiscal que investigara una denuncia anónima por presuntas sedaciones irregulares en el servicio de urgencias del Hospital de Leganés) y otra, altamente irresponsable: ignoró el informe de ese fiscal y de los expertos de la Clínica Médico Forense de los juzgados de Madrid, según los cuales no existían pruebas que permitieran establecer conexión entre las sedaciones de enfermos terminales y su muerte, y anunció públicamente la presentación de una denuncia por 73 "casos irregulares". Por si fuera poco, destituyó a los médicos responsables de ese servicio de urgencias, sometidos a la inmediata sospecha, en el mejor de los casos, de mala práctica profesional y, en el peor, de ejercer la eutanasia por su cuenta y riesgo, lo que en España constituye un delito de homicidio.

Pasados dos años, la Audiencia Provincial ha ratificado la decisión del juzgado de instrucción de archivar el caso y ha ordenado, además, que se suprima cualquier mención a una hipotética mala práctica profesional.

El señor Lamela, que actualmente dirige la Consejería de Transportes en la misma Comunidad, pretende que no se le exijan responsabilidades políticas por su actuación. Pero si hay algo absolutamente claro en esta historia es su total responsabilidad, la evidencia de que ejerció el poder que le habíamos confiado de manera insensata e imprudente, con serio perjuicio de los ciudadanos a los que representa y administra.

El problema no se resuelve con que ya no sea consejero de Sanidad. El problema es que una persona con esos antecedentes, no puede, ni debe, ocupar ningún cargo en la Administración pública. Algo pasa en este país, algo hemos perdido de simple sentido común, cuando las cosas más elementales, más evidentes en cualquier otro de los países de nuestro entorno, se convierten en el nuestro en materia de lucha partidista. La dimisión, o cese, del señor Lamela no debería ser una opción para la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, sino una obligación, una muestra de respeto, precisamente a quienes le dieron su voto y su confianza.

Lo importante ahora en el caso Lamela es saber si detrás de la irresponsable actuación del consejero de Sanidad se esconde, lisa y llanamente, su propia convicción extremista religiosa o las presiones de grupos con una carga ideológica ultraconservadora (quizás los autores de la denuncia anónima), contrarios a la llamada muerte digna y a la aplicación de medidas que garanticen el derecho de los ciudadanos a cuidados que proporcionen el alivio del dolor y de una agonía angustiosa y prolongada.

Porque si es así, si el señor Lamela y los demás responsables de la Comunidad de Madrid están imponiendo, o permitiendo que se imponga en su gestión, esa carga ideológica tan extremada, es urgente que los ciudadanos le hagamos frente y es urgente que otros partidos políticos nos ofrezcan mecanismos para garantizar nuestros derechos.

El derecho al alivio del dolor y a una muerte digna debería estar reconocido como un derecho humano, defendido expresamente por la ley. Quizás sería conveniente recordar que no se está pidiendo nada extraño ni inusual. Dos sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos (Washington vs. Gluckburg y Vacco vs. Quill) han declarado que los ciudadanos tienen derecho a recibir los cuidados paliativos adecuados y que el Estado debe velar por la protección de ese derecho.

Como explican los doctores Brennan y Cousins en la Revista de la Sociedad Española del Dolor, las sentencias del Supremo norteamericano han tenido tres consecuencias prácticas inmediatas: "Han obligado a las autoridades a modificar sus leyes y las prácticas que restringen la disponibilidad de opiáceos; han dotado a los médicos (partidarios de la muerte digna) de un arma para protegerse contra los consejos médicos reguladores que ignoran o rechazan la evidencia de que la administración de altas dosis de opiáceos para el tratamiento del dolor y de otros síntomas dolorosos es una medida segura, eficaz y adecuada. Y, por último, han obligado a las autoridades competentes a destinar los recursos suficientes para garantizar una buena asistencia a los enfermos terminales". Si el Estado se niega a abordar estas cuestiones, explicó uno de los jueces firmantes de las sentencias, "podría ser inculpado de negligencia legislativa" e infringiría directamente el derecho a morir con dignidad.

De eso se trata. Estamos a las puertas de unas elecciones. Dígannos los partidos si van a remediar esa "negligencia legislativa" y si van a dar a médicos y a pacientes los instrumentos necesarios para defendernos del dogmatismo extremista. Si vamos a disponer, por fin, de mecanismos para denunciar, no al doctor Montes, sino a quienes, médicos o políticos, obstaculizan el ejercicio de un derecho humano.