El juzgado que investiga el fraude de Irún rechaza imputar a un abogado
El juzgado que investiga el supuesto fraude en la delegación de Hacienda en Irún ha rechazado por segunda vez citar a declarar como imputado al abogado Mariano Bravo, a quien mantiene su condición de testigo. El Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad fronteriza desestima así en un auto el recurso interpuesto por el abogado Fernando Argote, quien sostiene que existen "indicios suficientes" para imputar a Bravo.
Argote esgrime la declaración de un testigo que implicó a Bravo en el cobro de 60.100 euros que, al parecer, entregó a José María Bravo [sin relación personal entre ambos...
El juzgado que investiga el supuesto fraude en la delegación de Hacienda en Irún ha rechazado por segunda vez citar a declarar como imputado al abogado Mariano Bravo, a quien mantiene su condición de testigo. El Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad fronteriza desestima así en un auto el recurso interpuesto por el abogado Fernando Argote, quien sostiene que existen "indicios suficientes" para imputar a Bravo.
Argote esgrime la declaración de un testigo que implicó a Bravo en el cobro de 60.100 euros que, al parecer, entregó a José María Bravo [sin relación personal entre ambos], el principal imputado, y que no constan ingresados en Hacienda. El abogado recurrente considera además que Mariano Bravo pudo apropiarse de una cantidad cercana a los 18.000 euros en concepto de IVA.
Mariano Bravo fue imputado en un principio por la juez instructora, Almudena Ovejero, pero el mismo día retiró la acusación para ordenar después su comparecencia como testigo, aunque "sin perjuicio" de que pudiera ser llamado como imputado "si se observaban razonables indicios de criminalidad".
El juzgado señala en su último auto que, modificar la resolución que se dictó en su día "sin una prueba suficientemente sólida que exceda de las meras hipótesis, resulta improcedente e injustificado".
En otro auto reciente, el juzgado irundarra mantiene en prisión a José María Bravo, al entender que la gravedad de los hechos que se le imputan y la importancia de las penas que en su día pudieran imponérsele implican "el riesgo de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia".