El Síndic acusa a los ayuntamientos de usar el padrón para controlar a los inmigrantes
Los ayuntamientos se extralimitan en el uso del padrón municipal y lo utilizan para controlar a los inmigrantes. Ésta es la denuncia que recoge el informe La gestión municipal del empadronamiento de los inmigrantes, que el síndic de greuges, Rafael Ribó, entregó ayer al president del Parlament, Ernest Benach.
Ribó destacó que el informe pone en evidencia a un alto porcentaje de consistorios que utilizan el padrón municipal "más allá de sus competencias legales". Una de las prácticas habituales (lo hacen el 17% de los consistorios según la encuesta) consiste en detectar a t...
Los ayuntamientos se extralimitan en el uso del padrón municipal y lo utilizan para controlar a los inmigrantes. Ésta es la denuncia que recoge el informe La gestión municipal del empadronamiento de los inmigrantes, que el síndic de greuges, Rafael Ribó, entregó ayer al president del Parlament, Ernest Benach.
Ribó destacó que el informe pone en evidencia a un alto porcentaje de consistorios que utilizan el padrón municipal "más allá de sus competencias legales". Una de las prácticas habituales (lo hacen el 17% de los consistorios según la encuesta) consiste en detectar a través del censo a los inmigrantes que viven en pisos sobreocupados. Una vez localizados, el ayuntamiento impide que nuevos inquilinos se inscriban en el padrón, pese a que continúen viviendo en el piso.
Ribó calificó esta práctica de de "taparse los ojos" ante un fenómeno cada vez más extendido como es la sobreocupación. "Los consistorios tienen la obligación de inscribir a todas las personas que demuestran que viven en el municipio, estén o no en un piso sobreocupado", completó su adjunta, Laura Díez.
Otro aspecto que el Síndic denunció fue el hecho de que las policías municipales tengan acceso directo al padrón, lo que supone, según Ribó, "una clara afectación de los derechos fundamentales de los inmigrantes". La práctica errónea más extendida (al 60% de los ayuntamientos) consiste en dar de baja del censo a los foráneos sobre los que pesa una orden de expulsión sin comunicárselo debidamente. La documentación que se exige en la gestión del padrón tampoco es la correcta, ya que algunos consistorios requieren documentos no previstos por la ley, como la cédula de habitabilidad, que exigen el 14,3% de los municipios.
Ribó instó a los consistorios a realizar el padrón tal como estipula la ley, como un registro para conocer la realidad poblacional de un municipio. El Síndic reclamó también que los ayuntamientos unifiquen los criterios para evitar situaciones de desigualdad entre municipios.