Bélgica se pone en marcha tras casi siete meses sin Gobierno
Un Ejecutivo provisional, formado por cinco partidos, abordará los asuntos urgentes del país dividido por los conflictos entre flamencos y valones
Bélgica respiró ayer. Después de casi siete meses sin Gobierno, el primer ministro saliente, Guy Verhofstadt, logró arrancar a una coalición de cinco partidos el acuerdo para formar un Ejecutivo que se ocupará de los "asuntos urgentes del país" hasta finales de marzo, fecha en la que deberá constituirse un Gobierno definitivo. De momento, con el provisional, Bélgica pone fin a la parálisis institucional y empieza de nuevo a funcionar.
Es, sin embargo, un cierre en falso. El pacto no resuelve ninguna de las cuestiones básicas, como el reparto de competencias que enfrenta a las dos grande...
Bélgica respiró ayer. Después de casi siete meses sin Gobierno, el primer ministro saliente, Guy Verhofstadt, logró arrancar a una coalición de cinco partidos el acuerdo para formar un Ejecutivo que se ocupará de los "asuntos urgentes del país" hasta finales de marzo, fecha en la que deberá constituirse un Gobierno definitivo. De momento, con el provisional, Bélgica pone fin a la parálisis institucional y empieza de nuevo a funcionar.
El pacto no resuelve el reparto de competencias entre las dos comunidades
Es, sin embargo, un cierre en falso. El pacto no resuelve ninguna de las cuestiones básicas, como el reparto de competencias que enfrenta a las dos grandes comunidades lingüísticas del país: flamencos en el norte y valones en el sur, que han mantenido al país en vilo durante un tiempo récord de 192 días y que han desatado los temores de escisión del país. Los temas espinosos quedan aparcados hasta dentro de tres meses y el destinado a alcanzar el consenso será el democristiano flamenco Yves Leterme, vencedor de los comicios celebrados el pasado 10 de junio y llamado a ser primer ministro.
A Leterme, que ha sido incapaz de sacar adelante un Gobierno con mayoría suficiente durante estos siete meses, le toca ahora trabajar en la formación de un Ejecutivo definitivo que debe estar en pie a finales de marzo y algo aún más complicado: acometer la famosa reforma del Estado que otorgará mayor poder a las regiones como exigen los flamencos.
El partido de Leterme, en coalición con los nacionalistas flamencos que piden abiertamente la escisión de la rica Flandes, ha convertido el traspaso de competencias a las regiones -fiscales, seguridad social y vial y justicia entre otras materias-, en un requisito para la formación de un Gobierno, según prometió en las elecciones. El desacuerdo con los partidos francófonos sobre el alcance de la reforma impidió hasta ayer el pacto, que Leterme aceptó por tratarse de un Gobierno provisional.
Verhofstadt optó, no obstante, por dejar estos temas de lado y poner de acuerdo a cinco partidos políticos, dos flamencos y tres francófonos, que cubren casi todo el espectro político belga -desde el nacionalismo flamenco exacerbado hasta los socialistas francófonos, pasando por los liberales y los democristianos de Leterme-, con mayoría suficiente para sacar adelante los asuntos urgentes como el presupuesto o las ayudas para la subida de la calefacción que se han acumulado a las puertas del Parlamento durante los últimos siete meses. El mandato de la Casa Real indica también que el Gobierno provisional debe sentar las bases para la reforma del Estado.
Así pues, Bélgica respira, pero de forma asistida y con una fecha de caducidad de tres meses. Será entonces cuando se vuelva abrir el melón, putrefacto después de más de medio año de tensas negociaciones entre los partidos. Al enrarecimiento del clima político contribuirán las elecciones regionales en Flandes y en Valonia al año siguiente, que mantendrán de ese modo a los políticos en precampaña durante la delicada fase de la negociación de la reforma del Estado. El camino hacia la normalización de la vida política belga se dibuja, pues, repleto de incógnitas y más que probables sobresaltos.
Se vende terreno, sólo para quien hable flamenco
El Ayuntamiento de Zaventem, una localidad de la periferia bruselense, ha decidido que quien aspire a comprar terrenos municipales tendrá que hablar flamenco o estar dispuesto a aprenderlo. La medida, aparentemente extraterrestre en la era del libre mercado, responde a la campaña que los municipios flamencos que rodean Bruselas pusieron en marcha hace ya tiempo para protestar por la llegada masiva a la zona de francófonos en busca de viviendas baratas, sin intención de aprender la lengua de su tierra de acogida.
Zaventem pondrá en práctica esta nueva medida pronto, cuando se efectúe la venta de 76 parcelas municipales, según explicó a la agencia de noticias belga un responsable del Ayuntamiento. "Se trata de un instrumento importante para garantizar el carácter flamenco de municipios como Zaventem y de favorecer la convivencia entre los habitantes del barrio", explicó el adjunto del alcalde, Eric Van Rompuy. Un consejo municipal se encargará de adjudicar los terrenos de la discordia.
El único diputado francófono del Parlamento regional, Christian Van Eyken, presentó una protesta oficial ante el gobernador de la provincia, pero su queja ha sido desestimada por lo que Zaventem tiene ahora manos libres para imponer su criterio.
Zaventem pertenece a la polémica circunscripción electoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, compuesta por decenas de municipios que rodean Bruselas y ubicados en Flandes. Estas localidades se encuentran a caballo entre el norte de habla neerlandófona, el sur francófono y la bilingüe Bruselas. Separar Bruxelles-Hal-Vilvorde de Bruselas y eliminar las facilidades lingüísticas para los francófonos que ofrecen seis de estos municipios -para acceder a la justicia y a los documentos oficiales-, así como la posibilidad de que los francófonos puedan votar a partidos no flamencos, es una de las principales reivindicaciones del nacionalismo de Flandes.
Los flamencos consideran fundamental la escisión de Bruxelles-Hal-Vilvorde para que la frontera lingüística y política que divide el país entre el norte y el sur quede claramente definida. Esta medida sucede a otras como la adoptada por el municipio de Emrchtem, donde el Ayuntamiento ha prohibido que los niños hablen francés en la escuela, ni en clase ni en el recreo.