El TSJA ordena al Ayuntamiento de Marbella revisar una licencia ilegal

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Marbella a revisar una licencia de obras concedida en 2003 contraria al planeamiento urbanístico de la ciudad. Más allá del caso concreto del que se trata, el alcance de la resolución es que puede zanjar la discusión que mantienen el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía sobre si el consistorio debe o no revisar las licencias contrarias a la normativa urbanística que otorgaron los gobiernos municipales del Grupo Independiente Liberal (GIL).

El pasado 31 de julio, el ple...

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Marbella a revisar una licencia de obras concedida en 2003 contraria al planeamiento urbanístico de la ciudad. Más allá del caso concreto del que se trata, el alcance de la resolución es que puede zanjar la discusión que mantienen el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía sobre si el consistorio debe o no revisar las licencias contrarias a la normativa urbanística que otorgaron los gobiernos municipales del Grupo Independiente Liberal (GIL).

El pasado 31 de julio, el pleno municipal de Marbella aprobó con los votos del PP una resolución según la cual el Ayuntamiento ya no revisará más licencias de obras contrarias al planeamiento urbanístico vigente.

La Junta, que ha pedido al consistorio en los últimos años que revise de oficio más de medio millar de permisos de construcción, considera que aquel acuerdo es poco menos que un acto de rebeldía contra la ley.

El artículo 180 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) determina que las licencias "cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las infracciones urbanísticas graves definidas en esta ley, deberán ser objeto de revisión por el órgano competente". Y en este precepto se fundamenta la sentencia del TSJA, que puede sentar jurisprudencia.

La comisión gestora inició durante el año que dirigió el consistorio marbellí los trámites para revisar 170 licencias de obras por no ajustarse al Pan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente. Estas licencias afectaban a más de 6.000 viviendas.

Un paquete con 24 casos quedó en puertas con los informes técnicos emitidos sin que la gestora tuviera ya tiempo de aprobarlas antes de la constitución de la nueva corporación, que se niega a seguir el procedimiento.

El equipo de gobierno, del PP, alega, entre otras razones, el alto coste económico que la revisión podría suponer para el Ayuntamiento, porque podría verse obligado a afrontar responsabilidades patrimoniales, y que las situaciones de ilegalidad van a quedar regularizadas en el nuevo PGOU, aprobado inicialmente el pasado julio.

Sin embargo, la Junta y organizaciones partidarias de la revisión como la oposición municipal o Ecologistas en Acción, aducen que planeamiento urbanístico y legalidad son dos cuestiones distintas, y que aún en el caso en el que los tribunales hayan declarado nula una licencia de obras, sería conveniente que el Ayuntamiento la revisara de oficio, y que es así como se ahorraría posibles responsabilidades.

El que fuera portavoz de Ecologistas en Acción y asesor urbanístico de la Gestora, actualmente concejal por el PSOE, Javier de Luis, explica que con la revisión se da también garantías a los propietarios de viviendas ilegales, ya que si hay una licencia declarada ilegal de una construcción que va a regularizarse, sus propietarios difícilmente podrían hacer trámites jurídicos de compra-venta, o de solicitar un permiso para reforma, por ejemplo.

Por ello, aboga por la expedición de nuevas licencias que estén ajustadas al planeamiento que se va a aprobar ahora y que despeje del horizonte estos posibles inconvenientes.

Y para el caso de las licencias contrarias a la normativa que no hayan sido anuladas por los tribunales porque no se impugnaron en su día, si no se produce tampoco la revisión del Ayuntamiento, alguien podría en su día reclamar la validez de la licencia.

En la sentencia, el TSJA ordena la revisión de la licencia que en enero de 2003 concedió el gobierno de Julián Muñoz al hotel Lorcrimar en una parcela que el planeamiento reservaba para equipamiento público. El hotel estaba promovido por el empresario Manuel Lores, procesado en el caso Malaya por un presunto delito de cohecho por haber pagado supuestamente comisiones al presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, para obtener los permisos.