15.000 euros de ayuda por casa destruida por la lluvia

El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que se autorizan ayudas destinadas a paliar los daños producidos por las fuertes lluvias de los pasados 20 y 21 de noviembre, que asolaron municipios de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén.

En concreto, las lluvias afectaron especialmente a los municipios de Utrera, Écija, Las Cabezas de San Juan y Lebrija (Sevilla) y perjudicaron a cientos de viviendas y locales comerciales que se vieron inundados de tal manera que fue necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para evacuar a decenas de personas y cola...

El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que se autorizan ayudas destinadas a paliar los daños producidos por las fuertes lluvias de los pasados 20 y 21 de noviembre, que asolaron municipios de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén.

En concreto, las lluvias afectaron especialmente a los municipios de Utrera, Écija, Las Cabezas de San Juan y Lebrija (Sevilla) y perjudicaron a cientos de viviendas y locales comerciales que se vieron inundados de tal manera que fue necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para evacuar a decenas de personas y colaborar en las tareas de limpieza.

El acuerdo aprobado tiene por objeto urgir al Ministerio del Interior para que efectúe, con la "máxima urgencia posible", las valoraciones y tramite los procedimientos administrativos de pago de los daños susceptibles de ser resarcidos.

El Real Decreto prevé la concesión de las siguientes ayudas:

-Destrucción total de vivienda: 15.120 euros.

-Daños en estructurales en la vivienda, 10.320 euros y 5.160 si son no estructurales.

-Daños en enseres: 2.580 euros.

-Daños en elementos comunes de una comunidad de propietarios: 8.000 euros.

-Daños en establecimientos mercantiles: 8.000 euros

-Muerte o incapacidad absoluta y permanente: 18.000 euros.

Interior deberá ahora efectuar las valoraciones y el trámite de los procedimientos administrativos, conforme al Real Decreto de 18 de marzo, junto a los representantes de la administración periférica del estado, la administración autonómica y el consorcio de compensación de seguros.