Sociedades y entes públicos eluden la evaluación del Plan de Igualdad
Medio Ambiente y Agricultura tampoco han querido aportar sus datos
La directora de Emakunde, Izaskun Moyua, comparece esta mañana en la Comisión de Mujer y Juventud del Parlamento para presentar la memoria de actuación de los poderes públicos en la ejecución del cuarto Plan de Igualdad durante el año 2006.
El informe remitido por Moyua a la Cámara recoge los resultados de la evaluación realizada por Emakunde, que se basa en los datos facilitados por las propias administraciones, tanto el Gobierno, como las diputaciones, los ayuntamientos y organismos autónomos, y las sociedades y entes públicos, todos ellos obligados por dicho plan.
Sin embargo,...
La directora de Emakunde, Izaskun Moyua, comparece esta mañana en la Comisión de Mujer y Juventud del Parlamento para presentar la memoria de actuación de los poderes públicos en la ejecución del cuarto Plan de Igualdad durante el año 2006.
El informe remitido por Moyua a la Cámara recoge los resultados de la evaluación realizada por Emakunde, que se basa en los datos facilitados por las propias administraciones, tanto el Gobierno, como las diputaciones, los ayuntamientos y organismos autónomos, y las sociedades y entes públicos, todos ellos obligados por dicho plan.
Apenas 26 de las 852 actuaciones se dirigían a la conciliación
Sin embargo, Emakunde sigue tropezando con un primer obstáculo para evaluar el grado de cumplimiento y el nivel de los avances experimentados: muchos de los organismos que deben aplicar el plan siguen sin facilitar sus datos y ni siquiera cumplimentan los cuestionarios que les remite el Instituto Vasco de la Mujer cuando inicia a principios de cada año el trabajo de campo. Incluso dentro del propio Gobierno existen dos departamentos que ni siquiera han participado en la evaluación: Ordenación del Territorio, dirigido por Esther Larrañaga, de EA, y Agricultura y Pesca, que gestiona el peneuvista Gonzalo Sáenz de Samaniego. Las diez consejerías restantes sí proporcionaron la información requerida.
El grado más elevado de incumplimiento se da, sin embargo, entre las sociedades y entes públicos de la Administración general. De los 15 existentes, sólo uno -Osakidetza- ha proporcionado la información que sirve de base al trabajo evaluador. Emakunde no consiguió de los demás la información requerida, ni siquiera ampliando en dos meses y medio su plazo inicial de un mes para obtener los datos. Entre los que no los han facilitado se encuentran Euskotren, EITB, el EVE, la SPRI, Mendikoi, Neiker, EJIE, el Ihobe, Visesa, Egailan, la Orquesta de Euskadi e Imebisa.
Los organismos autónomos se han mostrado más propicios a la colaboración: participaron cinco, entre ellos el IVAP, el Eustat y la Academia de Policía de Arkaute, además de la propia Emakunde y la Defensoría para la Igualdad. Fallaron tres: Osalan, HABE y el IVEF. También realizaron su informe la UPV y el Ararteko.
En la Administración foral, las tres diputaciones participaron, aunque con presencia desigual de sus departamentos. En la de Álava informaron siete de los diez diputados, mientras que en la de Vizcaya lo hicieron ocho de los once. Sin embargo, en Guipúzcoa fueron sólo tres los que cumplieron el requisito.
Con respecto a los ayuntamientos, sólo el 20% (51 de los 251 de la comunidad), facilitó datos, si bien entre ellos se encuentran los más poblados, con lo que la información enviada atañe al 68% de la población. En el caso de Álava ese porcentaje se eleva hasta el 87%.
Moyua explicará hoy las conclusiones de esta evaluación, que revela que, de los cuatro pilares del plan, el menos trabajado es justamente el que más incidencia tiene: de las 852 actuaciones contabilizadas, sólo 46 fueron dirigidas a la conciliación. Otras 177 se orientaron a la violencia contra las mujeres, mientras que las 629 restantes se centraron en la introducción transversal del enfoque de igualdad de género en las políticas y actuaciones públicas y en el empoderamiento y la participación sociopolítica.
Ni unidades en el Ejecutivo ni Consejo
El cuarto Plan de Igualdad, aprobado en septiembre de 2006, fue el primero que se elaboró con la ley de Igualdad, de febrero de 2005, en vigor y marcó las directrices que deberían seguir los poderes públicos durante toda esta legislatura. El primer objetivo que cita es promover el cumplimiento e implantación de dicha norma.
La puesta en práctica de esos mandatos legales se encuentra todavía pendiente, cuando la ley se aproxima ya a los tres años de vida, en gran parte de las encomiendas que realizó a las propias administraciones, y, en concreto, al Ejecutivo. Al fondo de garantía para las pensiones impagadas, que aún no se ha creado ni lo hará en 2008, se añade, por ejemplo, el incumplimiento por los departamentos en la constitución de las unidades de igualdad, que deben encargarse del impulso tanto de la propia ley como del cuarto plan.
La ley de Igualdad establece en su artículo 11 que dichas unidades deben tener "una posición orgánica, una relación funcional adecuada y una dotación presupuestaria suficiente". Todavía no se ha constituido ninguna y los presupuestos del año próximo no incluyen la menor partida para las mismas.
Igualmente se encuentra por regular y constituir el órgano de participación para las asociaciones y federaciones de mujeres: el Consejo Vasco de Igualdad. Se han cumplido ya dos años desde el inicio de los trabajos para su creación, en octubre de 2005, pero sigue en fase de borrador.
Este órgano está llamado a ser la interlocución válida de esos grupos con los poderes públicos. Entre sus funciones figura participar en la elaboración y seguimiento de los presupuestos y emitir informes preceptivos de proyectos de ley, que la Administración deberá adjuntar al remitir sus propuestas legales al Parlamento.
La preocupación de muchas de las asociaciones se centra en la financiación y la funcionalidad de su estructura. "Su operatividad va a depender de nuestras propias fuerzas, voluntad e interés, pero es obligación del Gobierno constituir un organismo operativo, con una financiación seria y una estructura que posibilite el cumplimiento de sus funciones", señala Miren Ortubay, del Forum Feminista María de Maeztu.
La remuneración o no de su presidencia es uno de los asuntos en discusión, que Emakunde ha optado por no aclarar en el borrador que ha enviado ya al Gobierno.
Los datos del cuarto plan
- Entró en vigor en 2006.
- Detalla cuatro pilares de actuación: conciliación, violencia contra las mujeres, transversalidad en los enfoques de igualdad y empoderamiento y participación sociopolítica.
- Las áreas de intervención establecidas son seis: cultura, educación, trabajo, inclusión social, salud y urbanismo, transporte público y medio ambiente.
- Administraciones evaluadas: diez de los 12 departamentos del Gobierno, incluyendo la Presidencia; uno de 15 entre los entes y las sociedades públicas -Osakidetza-; cinco de los ocho organismos autónomos; las tres diputaciones forales y 51 de los 251 ayuntamientos, que suponen el 68% de la población.
- Acciones contabilizadas durante su vigencia: 852.