El juez imputa al promotor y a 14 técnicos por la tala en Las Navas del Marqués

El juez de Ávila que investiga la Ciudad del Golf -1.600 chalés, hotel y cuatro campos de golf- en un pinar protegido de Las Navas del Marqués (Ávila) ha multiplicado el número de imputados.

Tras declarar cuatro altos cargos que impulsaron la recalificación, el magistrado ha llamado como imputados, como pidió la asociación ecologista Centaurea, al promotor de la urbanización, Francisco Gómez, El Paloma, y a 14 técnicos que firmaron informes favorables o apoyaron la recalificación en la comisión de urbanismo.

El Tribunal Superior de Castilla y León ya declaró ilegal el plan...

El juez de Ávila que investiga la Ciudad del Golf -1.600 chalés, hotel y cuatro campos de golf- en un pinar protegido de Las Navas del Marqués (Ávila) ha multiplicado el número de imputados.

Tras declarar cuatro altos cargos que impulsaron la recalificación, el magistrado ha llamado como imputados, como pidió la asociación ecologista Centaurea, al promotor de la urbanización, Francisco Gómez, El Paloma, y a 14 técnicos que firmaron informes favorables o apoyaron la recalificación en la comisión de urbanismo.

El Tribunal Superior de Castilla y León ya declaró ilegal el plan y paralizó la obra en 2006. Ahora, el juzgado investiga si hubo prevaricación en la tramitación, ya que el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, del PP, pactaron con el promotor la recalificación antes de iniciar los trámites ambientales.

Luego, cumpliendo lo pactado por escrito, le autorizaron la tala de más de 35.000 pinos maduros en una zona que incluía un área crítica para la cigüeña negra, una especie en extinción. El promotor incluyó una cláusula por la que sería indemnizado si los técnicos frenaban el plan.

Ante el juez ya han pasado el alcalde, Gerardo Pérez; el entonces director de Medio Natural de la Junta, Mariano Torre; el ex presidente de la Diputación Félix San Segundo y el secretario municipal. Todos se han escudado en los técnicos.

En un auto del pasado día 12, el juez imputa a los ocho miembros de la comisión de urbanismo por los "acuerdos por unanimidad tendentes a conseguir la urbanización en suelo especialmente protegido desde la perspectiva de los delitos relativos a la ordenación del territorio", a seis técnicos autores de informes y a El Paloma, que taló 3.000 pinos cuando el tribunal había vetado la urbanización.