Cataluña tendrá 40 nuevos barrios con la mitad de viviendas protegidas
La ACM dice que el Gobierno invade competencias de los municipios
Del papel a la realidad, las herramientas para generar vivienda pública comienzan a andar. El secretario de Planificación Territorial de la Generalitat, Oriol Nel·lo, anunció ayer que en tres meses estará definida la ubicación de las 40 áreas residenciales estratégicas (ARE), barrios, que prevé el decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística aprobado hace un mes por el Gobierno y ratificado el miércoles por el Parlament.
Estas áreas, que fijarán mediante convenios el propio Gobierno y los ayuntamientos, tendrán hasta el 65% de vivienda protegida: el 50% lo fija la ARE y el 15%...
Del papel a la realidad, las herramientas para generar vivienda pública comienzan a andar. El secretario de Planificación Territorial de la Generalitat, Oriol Nel·lo, anunció ayer que en tres meses estará definida la ubicación de las 40 áreas residenciales estratégicas (ARE), barrios, que prevé el decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística aprobado hace un mes por el Gobierno y ratificado el miércoles por el Parlament.
Estas áreas, que fijarán mediante convenios el propio Gobierno y los ayuntamientos, tendrán hasta el 65% de vivienda protegida: el 50% lo fija la ARE y el 15% restante lo pueden aportar los ayuntamientos implicados. Los nuevos barrios sumarán 50.000 pisos sociales. La prisa del Gobierno por definir estas zonas obedece a la necesidad de movilizar suelo para construir los pisos protegidos que prevé el Pacto Nacional por la Vivienda (160.000 en cuatro años).
Sin embargo, la Asociación Catalana de Municipios (ACM) -que congrega a la mayoría de ayuntamientos gobernados por CiU- afirmó ayer que el decreto ley invade competencias locales, puesto que "los ayuntamientos tienen asignada las competencias en materia de ordenación urbanística". La ACM ha solicitado incluir la nueva norma en el orden del día de la próxima comisión de gobierno local. Mientras, la ACM ha consultado a expertos en urbanismo y juristas para que diriman si el decreto se ajusta a la legalidad. Si no fuera así, la asociación no descarta "emprender medidas legales", señaló en un comunicado.
Sea como sea, la Generalitat se ha mostrado en los últimos días dispuesta a sacar vivienda protegida de debajo de las piedras, hasta el punto de estudiar fórmulas que hace un par de años, en pleno boom de la construcción, hubieran sonado a broma. Por ejemplo, si el lunes los promotores explicaron que están negociando con el Gobierno la posibilidad de pasar los pisos que han construido y no venden a la nueva figura del "concertado catalán", ayer el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, se mostró dispuesto a convertir los sobrantes en alquileres sociales.
La conversión de pisos privados en viviendas públicas de alquiler ayudaría a pequeños promotores que no venden, además de facilitar el acceso a la vivienda a los inquilinos. Pero habrá que estudiarlo bien, alertan fuentes del sector inmobiliario, porque la gestión de edificios mixtos sería administrativamente muy compleja.
Tanto Oriol Nel·lo como Francesc Baltasar intervinieron en una jornada organizada por la Asociación de Promotores en la que su presidente, Enric Reyna, volvió a lamentar que el decreto ley les obligue a hacer más vivienda protegida. La secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, recordó que se están ultimando los detalles del "concertado catalán". Su definición depende de las negociaciones con los promotores sobre el precio final del metro cuadrado en cada zona, que estará entre el del mercado de vivienda libre y el de la pública.