Editorial:

Más allá de los 80

La mayor esperanza de vida de los españoles obliga a modernizar la protección social

Los españoles tienen una vida cada vez más larga, según se desprende de los datos analizados por el Instituto Nacional de Estadística. La esperanza de vida supera los 80 para los nacidos en 2005, dos años más que la de los españoles nacidos en 1995. Un análisis preliminar de este hecho indicaría que las condiciones de vida en España, tanto en lo que se refiere a la calidad de la alimentación como a salubridad de las conductas o al nivel de la sanidad pública o privada, no son tan deplorables como a veces se quiere hacer creer, incluso desde instituciones oficiales. Cualquier situación es susce...

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Los españoles tienen una vida cada vez más larga, según se desprende de los datos analizados por el Instituto Nacional de Estadística. La esperanza de vida supera los 80 para los nacidos en 2005, dos años más que la de los españoles nacidos en 1995. Un análisis preliminar de este hecho indicaría que las condiciones de vida en España, tanto en lo que se refiere a la calidad de la alimentación como a salubridad de las conductas o al nivel de la sanidad pública o privada, no son tan deplorables como a veces se quiere hacer creer, incluso desde instituciones oficiales. Cualquier situación es susceptible de mejora, por supuesto, y la expectativa de una vida más prolongada y saludable aumentaría considerablemente si, por ejemplo, se redujera drásticamente la contaminación atmosférica en las grandes ciudades. Pero, con la mente puesta en que ese tipo de mejoras debe llevarse a la práctica, la calidad de vida en España es hoy elevada.

Para empezar, una población con más recorrido vital aconseja reconsiderar la edad de jubilación, situada hoy en los 65 años. Carece de sentido prescindir de la aportación laboral o social de personas que a esa edad tienen una gran capacidad de trabajo y de generación de ideas. Muchos economistas apoyan hoy la feliz coincidencia de que la prolongación de la vida laboral tenga además efectos favorables sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas. A más años trabajados, más aportación de fondos al sistema de pensiones y menos probabilidad de colapso financiero. La contraindicación que debe tenerse en cuenta es la menor capacidad de sustitución en el empleo existente.

Una sociedad más madura exige además un fortalecimiento de los sistemas de protección social para las personas de más edad que viven solas, un aumento continuado de las pensiones y más inversiones para mejorar la asistencia sanitaria. No es aceptable, por ejemplo, el déficit preocupante de médicos. Naturalmente, con las correcciones económicas que se consideren necesarias para evitar el despilfarro en el gasto sanitario. Estas reformas, que en ningún caso deben aplicarse como un recorte de las prestaciones existentes, exigen un gran esfuerzo público; de nuevo hay que lamentar que en esta legislatura se haya avanzado tan poco en esta dirección.

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