Sólo 169.000 madrileños rinden cuentas a Hacienda por este tributo
Aproximadamente un millón de personas en España rinden cuentas a Hacienda por su patrimonio. De ellas, sólo 169.000 están en Madrid, según datos de la Agencia Tributaria. Las cifras pueden resultar casi irrisorias si se tiene en cuenta que existen más de 16 millones de declarantes de IRPF y 3,3 millones de empresas en todo el país. Una demostración clara de que las grandes fortunas, destinatarias naturales de ese tributo, escapan al control del fisco.
El impuesto de patrimonio irrumpió en el panorama fiscal español en 1979. Aunque nació principalmente para controlar las fortunas, desde ...
Aproximadamente un millón de personas en España rinden cuentas a Hacienda por su patrimonio. De ellas, sólo 169.000 están en Madrid, según datos de la Agencia Tributaria. Las cifras pueden resultar casi irrisorias si se tiene en cuenta que existen más de 16 millones de declarantes de IRPF y 3,3 millones de empresas en todo el país. Una demostración clara de que las grandes fortunas, destinatarias naturales de ese tributo, escapan al control del fisco.
El impuesto de patrimonio irrumpió en el panorama fiscal español en 1979. Aunque nació principalmente para controlar las fortunas, desde el inicio tuvo vocación recaudatoria. Con el traspaso de las competencias más caras a las comunidades (sanidad, educación...) son estas administraciones las que en la actualidad reciben íntegramente la recaudación.
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El dinero que consiguen tampoco da para grandes alegrías. Son más de 1.200 millones de euros, lo que supone un 1,2% de la financiación autonómica, según datos del Registro de Economistas Asesores Fiscales, que aglutina a la mayoría del sector.
Con la ley en la mano, este impuesto deberían abonarlo todas aquellas personas con bienes o derechos (inmuebles, acciones, participaciones en empresas...) superiores a 108.182 euros. A partir de esas cantidades, se aplica un porcentaje que varía entre el 0,2% y el 2,5% según la cuantía del bien gravado.
Queda exenta la primera vivienda hasta un valor de 150.000 euros (cuando hay dos propietarios, el límite sube a 300.000). Si el inmueble está valorado en más de esa cantidad, el contribuyente debería pagar sólo por los euros que excedan ese límite.
Quien esté hipotecado, además, escapa de estas obligaciones, pues sólo se abona patrimonio por las cantidades ya satisfechas al banco. Es decir, si un piso ha costado 350.000 euros pero al contribuyente le quedan 200.000 por pagar al banco, no declarará patrimonio. El argumento legal es que, hasta que se liquide la hipoteca, la casa pertenece a la entidad financiera.
Eso explica en gran medida que los inmuebles no sean los grandes protagonistas del impuesto. Representan sólo un 22% de la recaudación, frente al 69% que suponen los bienes mobiliarios (acciones y otros productos financieros).
También están exentas las acciones y participaciones en empresas familiares, un coladero por el que se escapan muchos patrimonios empresariales. "Al final, casi todas las empresas se organizan para no pagar", explican los asesores fiscales.
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