El aumento del 24% en la inversión para Cataluña abre la guerra entre autonomías

El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y el Gobierno catalán para modificar el método de cálculo de las inversiones estatales en esa comunidad, que suponen un aumento del 24% del presupuesto aprobado y vigente (826 millones más sólo este año), ha desencadenado una guerra entre autonomías. Los gobiernos autónomos del PP en Madrid y la Comunidad Valenciana exigieron ayer al vicepresidente económico, Pedro Solbes, un trato similar al de Cataluña mediante la subida de las inversiones en esas dos comunidades.

Solbes tiene un problema. Tras el acuerdo con Cataluña para mejorar un 24%...

El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y el Gobierno catalán para modificar el método de cálculo de las inversiones estatales en esa comunidad, que suponen un aumento del 24% del presupuesto aprobado y vigente (826 millones más sólo este año), ha desencadenado una guerra entre autonomías. Los gobiernos autónomos del PP en Madrid y la Comunidad Valenciana exigieron ayer al vicepresidente económico, Pedro Solbes, un trato similar al de Cataluña mediante la subida de las inversiones en esas dos comunidades.

Solbes tiene un problema. Tras el acuerdo con Cataluña para mejorar un 24% su financiación, otras autonomías le exigen lo mismo. El PP salió ayer en tromba contra el acuerdo que mejora de manera notable la financiación estatal en Cataluña. Sólo los líderes del PP catalán se desmarcaron de la crítica y ensalzaron la medida. El portavoz parlamentario popular, Eduardo Zaplana, preguntó al vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, si "va a negociar con todas las comunidades autónomas en las mismas condiciones". Y remachó: "A Cataluña no le hacen falta cantos de sirena, decir porcentajes, decir cantidades. Le harán falta obras concretas y decir a qué se va a dedicar ese dinero". Zaplana pidió al Gobierno que aclare si va a "negociar con todas las comunidades autónomas en las mismas condiciones. ¿Va a atender a todos por igual, va a darles el mismo trato en las formas, en la negociación y en los resultados? Es imposible, porque no cuadra", remachó.

La consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo (PP), denunció ayer la discriminación que sufre esta región respecto a Cataluña tras el acuerdo entre Solbes y el Gobierno tripartito. Hidalgo mantiene que el acuerdo sobre la inversión en Cataluña supone "un trato diferencial del Gobierno central hacia esta comunidad respecto al resto. Con esta negociación bilateral se ha quebrado la multilateralidad y la solidaridad", destacó Hidalgo, para quien "esta forma de negociar ya es un privilegio para otra comunidad".

Mayor ritmo de inversión

El Gobierno que preside Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid sostiene que los presupuestos estatales han sido este año "un 19% inferiores a 2003, el último ejercicio en que gobernó el PP". "Para recuperar el ritmo que la Comunidad de Madrid tenía en 2003, sería necesario que los Presupuestos Generales del Estado para 2008 se incrementen en 1.000 millones de euros", afirmó Hidalgo. El Gobierno autónomo de Madrid propone el siguiente método para calcular las inversiones estatales que le corresponden: "Se trata de coger la inversión de 2003 y evolucionarla al PIB para salir de una situación de discriminación absoluta que sufre la comunidad", señala Hidalgo.

Por su parte, la Generalitat Valenciana reclamará al Gobierno central 2.800 millones más de inversión estatal en los próximos siete años, de acuerdo con el índice poblacional de esta autonomía, con el objetivo de recibir el mismo trato que, a su juicio, reciben comunidades como Cataluña y Andalucía. Así lo aseguró el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, como reacción al acuerdo cerrado por los Gobiernos central y catalán respecto a las inversiones en Cataluña para este año y los próximos seis años.

El nuevo Estatuto valenciano no incluía en los artículos relacionados con su financiación ningún aspecto relacionado con lo que ahora reclama para equipararse a Cataluña y Andalucía. Camps explicó que las nuevas peticiones al Gobierno central (2.800 millones más en los próximos siete años) se corresponden con lo establecido en el Estatuto catalán, que establece que el Estado invertirá en esta autonomía durante siete años su aportación al PIB, es decir, el 18,8%, y dijo que en Andalucía se alcanzará un acuerdo similar en breve.