Un juez obliga a una mujer a comprar un piso con su agresor

La mujer de Chiclana (Cádiz) que denunció a su marido por malos tratos y a la que un juez amenazó con quitar el piso deberá al final comprar un inmueble con su agresor si no quiere abandonar el suyo. El juez ratificó ayer el auto por el que la denunciante tendrá que dejar la vivienda conyugal con su hija. Su pareja, a la que el juez impone una orden de alejamiento, permanecerá en el piso.

El juez Julio Serrano señala en el auto que los hechos enjuiciados "no pasan de ser una mera disputa o pelea conyugal que con arreglo al originario Código Penal de 1995 no hubiesen constituido sino una...

La mujer de Chiclana (Cádiz) que denunció a su marido por malos tratos y a la que un juez amenazó con quitar el piso deberá al final comprar un inmueble con su agresor si no quiere abandonar el suyo. El juez ratificó ayer el auto por el que la denunciante tendrá que dejar la vivienda conyugal con su hija. Su pareja, a la que el juez impone una orden de alejamiento, permanecerá en el piso.

El juez Julio Serrano señala en el auto que los hechos enjuiciados "no pasan de ser una mera disputa o pelea conyugal que con arreglo al originario Código Penal de 1995 no hubiesen constituido sino una simple falta de lesiones". Además, el juez condiciona la estancia del denunciado en el domicilio "al hecho de que se proceda a la firma de las escrituras de la nueva casa". El auto se refiere a la compra de un piso que llevó a cabo el marido cuando ya había comenzado el proceso de separación y con la oposición de la denunciante. Sin embargo, el juez considera que la mujer está obligada a involucrarse en la compra del piso porque aún continúa vigente el régimen de gananciales. Es la única alternativa que da el juez a la denunciante, que de lo contrario se verá obligada a marcharse a casa de sus padres.

La pareja afronta desde hace unos meses un procedimiento judicial de separación. Además, sobre el marido pesa una orden de alejamiento, por la que no puede aproximarse a la denunciante en un radio de cien metros "cualquiera que sea el lugar en el que se encuentre".

Esa orden de alejamiento obligaba a que alguno de los cónyuges abandonase el domicilio que la pareja compartía en Chiclana. Ha sido entonces, cuando el juez ha optado por decretar que sea la denunciante quien deje la casa.

El juez considera que quien debe quedarse en el hogar familiar es el denunciado porque, argumenta, expulsarlo de su casa sería condenarlo a "la más absoluta marginalidad", pues carece de familia en Chiclana y tampoco tiene quien pueda acogerlo.

Si el imputado "ha de buscar alojamiento, no le quedará prácticamente nada de dinero con el que pagar la manutención de la hija que tienen en común", explica el juez en el auto dictado el pasado sábado. El magistrado considera "razonable" que, sea el denunciado el que permanezca en el domicilio conyugal y que la denunciante vuelva a casa de sus padres "como hizo anteriormente", algo que demuestra, según el juez, "que las necesidades de un techo para ella y su hija las puede tener perfectamente cubiertas, cosa que no sucede en el caso del denunciado".

Los abogados de la mujer elevarán el caso a la Audiencia por considerarla injusta. No lo cree así el juez, que habla en el auto de que sería "desproporcionado que por un simple empujón las consecuencias para el denunciado (...) fueran las de lanzarle del domicilio conyugal".

La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Dolores Virués, consideró "desmesurado" el auto dictado por el juez titular del Juzgado de Instrucción número dos de Chiclana de la Frontera (Cádiz) que hoy desestimó el recurso presentado por el abogado de una mujer, víctima de malos tratos, "otorgando el uso de la vivienda que compartían al marido, que es el supuesto agresor".