Remodelando la deuda marbellí
Marbella pide al presidente de la Junta que logre un trato preferencial para quelas deudas no asfixien la economía local
El 2008 no pinta bien para las arcas marbellíes. Después de numerosas reuniones con acreedores oficiales y privados, firma de algunos acuerdos, un plan de austeridad y una subida del agua, Marbella (Málaga) sigue necesitando ayuda. La Seguridad Social, la misma institución que estuvo 15 años sin cobrar las cotizaciones de una enorme plantilla engordada por los años del gilismo a cambio de votos, quiere que el Ayuntamiento comience a pagar a partir de enero los 165 millones que le adeuda a razón de tres millones de euros mensuales.
Los pagos fraccionados deben sumarse a los 2,7 millones ...
El 2008 no pinta bien para las arcas marbellíes. Después de numerosas reuniones con acreedores oficiales y privados, firma de algunos acuerdos, un plan de austeridad y una subida del agua, Marbella (Málaga) sigue necesitando ayuda. La Seguridad Social, la misma institución que estuvo 15 años sin cobrar las cotizaciones de una enorme plantilla engordada por los años del gilismo a cambio de votos, quiere que el Ayuntamiento comience a pagar a partir de enero los 165 millones que le adeuda a razón de tres millones de euros mensuales.
Los pagos fraccionados deben sumarse a los 2,7 millones habituales por las cuotas del personal municipal que sigue trabajando, de forma que la letra mensual asciende da 5,7 millones al mes, una cantidad que, según el de gobierno marbellí (PP), obligaría a echar el cierre en el Ayuntamiento porque no podrían seguir gestionándolo. Los 174 millones del presupuesto municipal se quedarían prácticamente sin respiración.
El pasado lunes, el presidente regional del PP, Javier Arenas, echó un capote a la alcaldesa Ángeles Muñoz exigiendo al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que aproveche su posición en el PSOE para mediar con el Gobierno y conseguir un "trato preferencial" para la ciudad.
Para llegar a un trato con el ayuntamiento marbellí, la Seguridad Social ha pedido a Muñoz una serie de requisitos entre los que se encuentra una reducción de costes en el área de personal. El equipo del PP lo va a tener difícil. Prometieron estabilidad a todos los trabajadores municipales y tienen de plazo hasta el septiembre, fecha del próximo encuentro, para idear fórmulas que no pasen por el despido. Recortando un 90% de gastos de protocolo, el gasto en combustible de los desplazamientos y quitando 300 líneas de telefonía móvil han calculado un ahorro de 2,4 millones de euros hasta final de 2007. La cantidad no les da ni para pagar la cuota de un mes.
Hasta el momento, la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda, a los que debe unos 300 millones en total, son los que menos cancha han dado al ayuntamiento. En los poco más de dos meses que Muñoz lleva como alcaldesa ha negociado el pago fraccionado de los 51 millones de la deuda con el BBVA y de otros 11 millones que reclama Unicaja. A la primera le ha entregado ya un cheque de 6,6 millones y se ha comprometido a entregarle 378.000 euros mensuales durante 15 años.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha pedido a la regidora que aplique a las tarifas del agua el recargo especial por desalación, como requisito para comenzar a negociar la deuda de 26 millones con Acosol. La subida del agua será la primera medida del gobierno del PP con la que los marbellíes sientan en su propio bolsillo que ha llegado la hora de aplicar la máxima de Muñoz: "Todos debemos hacer un esfuerzo".
La esperanza 'malaya'
El balón de oxígeno ansiado, el dinero que haría más liviana la losa de la deuda marbellí sería la vuelta a las arcas municipales de las propiedades intervenidas en el caso Malaya. Conscientes de que el proceso puede ser muy largo (se estima que la vista oral de este complicado caso no se celebrará hasta dentro de al menos tres años), el equipo de Ángeles Muñoz concentrará todos sus esfuerzos en dilatar lo máximo posible los pagos, para que no afecten al día a día del ciudadano. Mientras tanto, ya se han puesto a pleitear para conseguir el reconocimiento de cerca de 300 propiedades supuestamente municipales y que antiguos gobiernos del GIL habían ocultado dejándolas en manos de particulares o cediéndolas mediante convenios. Son naves industriales, parcelas, viviendas o edificios al completo que se arrendarán o terminarán subastándose, en el caso de que no se les encuentre utilidad.