Editorial:

Ahora va de colirios

El ciudadano a este paso va a tener que recurrir personalmente a un inspector sanitario o alimentario cuando quiera adquirir cualquier artículo en España si continúan registrándose casos de productos deficientes o engañosos. Pero si es así, ¿qué hacen las autoridades para frenar los abusos cada vez más frecuentes al usuario? En esta ocasión la culpa no es de China. No se trata ni de juguetes peligrosos ni dentífricos tóxicos importados de ese país. Ahora le ha tocado el turno a un supuesto colirio de origen británico con capacidades cuasi milagrosas para curar, "o al menos aliviar", las catara...

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El ciudadano a este paso va a tener que recurrir personalmente a un inspector sanitario o alimentario cuando quiera adquirir cualquier artículo en España si continúan registrándose casos de productos deficientes o engañosos. Pero si es así, ¿qué hacen las autoridades para frenar los abusos cada vez más frecuentes al usuario? En esta ocasión la culpa no es de China. No se trata ni de juguetes peligrosos ni dentífricos tóxicos importados de ese país. Ahora le ha tocado el turno a un supuesto colirio de origen británico con capacidades cuasi milagrosas para curar, "o al menos aliviar", las cataratas al elevado precio de 130 euros por tratamiento mensual y de 600 euros si es semestral. Al parecer, ni cura ni alivia nada y la Agencia Española del Medicamento no lo tiene registrado. El Ministerio de Sanidad considera que se trata de un fraude, pero nada ha hecho hasta ahora para prohibir su venta.

El colirio en cuestión, un compuesto de glicerina y un antioxidante similar al que puede obtenerse en farmacia por sólo dos euros, ha sido publicitado tranquilamente a través de un programa de radio e Internet por sus distribuidores, una empresa dedicada a la medicina natural, rama que, salvo alguna excepción, parece escapar al control de las autoridades. El escándalo se ha conocido después de que la hija de una pobre anciana de 89 años de Madrid se viera tentada por la publicidad y pagara la suma de 600 euros por algo que los expertos consideran que se asemeja a una simple agua de litines. El caso fue llevado a la Asociación del Defensor del Paciente, que de forma muy coherente ha solicitado a las autoridades sanitarias autonómica y estatal que actúen de oficio y paralicen la venta. El Ministerio de Sanidad afirma que el producto es delictivo, pero no exige por ahora la retirada del mercado hasta que sea cursada una denuncia directa, lo cual resulta muy pejiguero. Mientras, se pueden dar más timos.

Resulta odioso que se comercialicen mercancías en mal estado o engañosas, más aún si son productos ligados con la salud. La Administración debe incrementar las inspecciones. Pero en el control es también esencial la labor de denuncia de los consumidores.

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