La ley del cemento
Hay una cosa en la que se parecen todas las malas novelas y es en que además de ser malas, son previsibles: al segundo capítulo, te las ves venir, y al cuarto ya sabes qué va a pasar, cómo, dónde, cuándo y quién va a hacerlo. Ese es un problema para los lectores, pero hay otro mayor que afecta a todos los ciudadanos, y es que a la política le ocurre exactamente igual, sobre todo cuando se mezcla con el urbanismo: oyes dos declaraciones de un cargo público con mando en plaza, asistes a una espumosa discusión parlamentaria y ya sabes que todo eso no sirve de nada y que al final va a ocurrir lo d...
Hay una cosa en la que se parecen todas las malas novelas y es en que además de ser malas, son previsibles: al segundo capítulo, te las ves venir, y al cuarto ya sabes qué va a pasar, cómo, dónde, cuándo y quién va a hacerlo. Ese es un problema para los lectores, pero hay otro mayor que afecta a todos los ciudadanos, y es que a la política le ocurre exactamente igual, sobre todo cuando se mezcla con el urbanismo: oyes dos declaraciones de un cargo público con mando en plaza, asistes a una espumosa discusión parlamentaria y ya sabes que todo eso no sirve de nada y que al final va a ocurrir lo de siempre, o sea, más especulación, más dinero fácil y menos medio ambiente. Imagínense, cualquiera detiene con argumentos ideológicos a los ladrones de paisajes si, por recurrir a un ejemplo llamativo, sólo el prisionero Roca, antiguo asesor del Ayuntamiento de Marbella, amontonó ladrillo a ladrillo una fortuna de más de 120 millones de euros, según él, aunque los investigadores creen que se quita millones.
Juan Urbano pensó todo eso después de leer sobre el último combate del curso en la Asamblea de Madrid, celebrado con motivo de la Ley de Medidas Urgentes que promueve el Gobierno regional y toque, para empezar y a juicio de las ministras de Vivienda y Medio Ambiente, es antiecológica e inconstitucional. "Ya ves tú", se dijo, "como si algo así le pudiese importar a estos alquimistas de salón, que han inventado la fórmula para convertir árboles en euros". De hecho, el portavoz del PP ha calificado de "ministerio florero" al de Vivienda, y al de Medio Ambiente ni lo ha calificado, así que se pueden imaginar el valor que le da.
Y el caso es que no sólo desde el Gobierno se critica esa pomposa Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, que impondrá que los edificios que se construyan sólo puedan tener cuatro plantas, tres pisos más un ático, sino que también está siendo discutida desde el Colegio de Arquitectos de la capital y desde Ecologistas en Acción. Porque lo que desde el PP se considera un modo de hacer viviendas de más categoría, similares, según ellos, "a las que tienen Jesús Caldera en Las Rozas o Pedro Solbes en Majadahonda", desde el resto del mundo se ve de otra manera, más bien como si fuese otra confirmación de que no se equivoca aquella vieja sentencia según la cual el que hace la ley, hace la trampa. En ese sentido, la ministra de Vivienda, Carme Chacón, sostiene, efectivamente, que ese proyecto provocará que se urbanice aún más suelo. La de Medio Ambiente, Cristina Narbona, augura que eso conllevará la destrucción de más espacios verdes. La decana del Colegio de Arquitectos de Madrid, Paloma Sobrini, afirma que la iniciativa de Esperanza Aguirre "no es una idea brillante", que "responde a un modelo anglosajón en desacuerdo con la edificabilidad de la región" y que al obligar a que los edificios puedan subir menos, promoverá que se expandan más, lo que perjudica a la sociedad porque hará que existan menos viarios, menos zonas libres y menos equipamientos. En cuanto a Ecologistas en Acción, la organización ha llegado a solicitar al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que medie ante Aguirre para que no apruebe esa ley "inconstitucional, que no se adapta al Estatuto de Autonomía y fomenta la corrupción porque, entre otras cosas, desbloquearía algunos proyectos que debido a las denuncias interpuestas se encuentran paralizados. Además, le han advertido de que el cambio de la Ley del Suelo intenta reducir la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de planeamientos urbanísticos, elimina la obligación de solicitar informes a la Confederación Hidrográfica del Tajo, permite la construcción de viviendas en suelo protegido, resta competencias a los Agentes Forestales e incumple la Ley de Aguas, la Ley de Montes, la Ley de Suelo y la Ley del Sector Eléctrico. Y adelantan que cuando salga adelante recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
Juan Urbano se fue a una piscina a refrescarse. Por desgracia, no creyó que nada de eso sirviera ni para detener la Ley, ni para evitar la trampa.
Para eso sirven las mayorías absolutas, para no oír a nadie. Así que todo seguirá su curso, el cemento continuará extendiéndose a la vez que las fortunas de sus militantes. Se avecinan malos tiempos.