La policía desmantela una empresa que estafó a más de 200 extranjeros
La Jefatura Superior de Policía de Canarias ha desmantelado una empresa de Las Palmas que estafó a entre 200 y 300 inmigrantes con ofertas de empleo fraudulentas para regularizar su situación en España. Siete personas fueron detenidas en la operación. La empresa, Leneson S.L., cobraba a los inmigrantes sumas de dinero que normalmente rondaban entre los 400 y 2.000 euros. Los detenidos están acusados de ser los presuntos autores de delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y amenazas.
La empresa pantalla desarrollaba supuestamente actividades de gest...
La Jefatura Superior de Policía de Canarias ha desmantelado una empresa de Las Palmas que estafó a entre 200 y 300 inmigrantes con ofertas de empleo fraudulentas para regularizar su situación en España. Siete personas fueron detenidas en la operación. La empresa, Leneson S.L., cobraba a los inmigrantes sumas de dinero que normalmente rondaban entre los 400 y 2.000 euros. Los detenidos están acusados de ser los presuntos autores de delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y amenazas.
La empresa pantalla desarrollaba supuestamente actividades de gestoría, agencia de suministro de personal y empresa de construcción, según informó ayer la jefatura en un comunicado. Entre los detenidos se encuentra la máxima responsable de la empresa, identificada como Leonarda M.N.B., de Guinea Ecuatorial.
Leneson estuvo vendiendo ofertas de trabajo para regularizar a extranjeros irregulares de todas las nacionalidades, especialmente de origen africano y latinoamericano, que ya se encontraban en España, así como a otros muchos que estaban en sus países de origen. La mayoría de los extranjeros estafados se encontraba en las Islas Canarias. Los inmigrantes captados en sus países de origen pagaban bien a través de sus familiares o mediante ingresos bancarios en las cuentas de la empresa desde sus respectivos países.
El precio por cada oferta rondaba entre los 400 y los 2.000 euros, pero esta cantidad se veía incrementada por los recursos que debían presentarse en la Subdelegación del Gobierno de Las Palmas cuando las solicitudes salían rechazadas, que la empresa cobraba aparte.
La empresa nunca estuvo en posesión de los requisitos administrativos necesarios para ejercer como agencia de suministro de personal ni suministró trabajador alguno a otra empresa y, pese a ello, procedió a solicitar en el periodo 2005-2007 una cantidad ingente de mano de obra extranjera.