El Arzobispado de Madrid deberá pagar por los abusos de un cura pederasta
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que en octubre condenó a dos años de cárcel a un cura de 74 años, Rafael S. N., por abusar sexualmente de un menor, entre 1999 y 2001. La sentencia declara responsable civil subsidiario al Arzobispado de Madrid, que preside el cardenal Antonio María Rouco. Tendrá que pagar 30.000 euros a la víctima.
Rafael S. N. abusó del menor en la casa del niño y en la vicaría de la parroquia de Madrid en la que ejercía el sacerdocio. El tribunal desestima el recurso del Arzobispado y concluye que resulta correcta dic...
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que en octubre condenó a dos años de cárcel a un cura de 74 años, Rafael S. N., por abusar sexualmente de un menor, entre 1999 y 2001. La sentencia declara responsable civil subsidiario al Arzobispado de Madrid, que preside el cardenal Antonio María Rouco. Tendrá que pagar 30.000 euros a la víctima.
Rafael S. N. abusó del menor en la casa del niño y en la vicaría de la parroquia de Madrid en la que ejercía el sacerdocio. El tribunal desestima el recurso del Arzobispado y concluye que resulta correcta dicha declaración judicial, ya que "el acusado era secretario de la vicaría de una parroquia dependiente del Arzobispado". "Se han infringido disposiciones de la autoridad, ya que existen diversos cánones del Código de Derecho Canónico que obligan a labores de vigilancia y control sobre los párrocos", añade.
El texto considera probado que entre 1998 y 2001 el acusado "entró en relación de amistad" con la familia del menor, por lo que acudía a su domicilio "con asiduidad para el cuidado de los hijos, formación religiosa y refuerzo en los deberes escolares" del niño.
"Con el afán de satisfacer sus instintos libidinosos, primero en casa de la familia y después en la vicaría, llevó a cabo tocamientos (al menor)" y obligó al niño a que le tocara, añade la sentencia. Estos hechos se repitieron en un número de ocasiones no determinado entre finales de 1999 y 2001, para lo que utilizó "la excusa de que ello era bueno y sano para el desarrollo corporal".
En opinión del Tribunal Supremo, los hechos han quedado "corroborados en su credibilidad" con la declaración del menor en el juicio oral -mayor de edad en ese momento-, que ha mantenido una "versión coincidente en el curso de las actuaciones", así como con "otros datos" proporcionados por testigos y peritos en la vista.