La Junta acusa a Javier Arenas de ser "altavoz" de los implicados

Las últimas declaraciones del presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, acusando de forma genérica y sin pruebas a la Junta de participar en la corrupción destapada en Marbella han levantado ampollas en el Gobierno autónomo. El portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Cervera, afirmó que Arenas actúa como "altavoz" de los imputados en el caso Malaya en sus ataques contra la Junta. Los ataques del líder del PP andaluz llegaron después de conocerse que el supuesto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, solicitó al Ayuntamiento marbellí que certifique si la ...

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Las últimas declaraciones del presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, acusando de forma genérica y sin pruebas a la Junta de participar en la corrupción destapada en Marbella han levantado ampollas en el Gobierno autónomo. El portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Cervera, afirmó que Arenas actúa como "altavoz" de los imputados en el caso Malaya en sus ataques contra la Junta. Los ataques del líder del PP andaluz llegaron después de conocerse que el supuesto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, solicitó al Ayuntamiento marbellí que certifique si la Junta impugnó una serie de convenios urbanísticos y licencias supuestamente irregulares.

Las actuaciones de la Administración autonómica para controlar el urbanismo en Marbella durante los 15 años de gobierno del extinto GIL han estado siempre rodeadas por la polémica. Desde 1995, la Consejería de Obras Públicas de la Junta ha impugnado algo más de 400 licencias y actos urbanísticos irregulares del Ayuntamiento. De estas impugnaciones, más de 270 se interpusieron ante los tribunales después de marzo de 2003. En esa fecha, el Tribunal Superior de Justicia efectuó un cambio de doctrina y comenzó a paralizar cautelarmente las obras con licencias impugnadas.

Las actuaciones de la Junta impidieron desde marzo de 2003, según sus cálculos, la construcción de 10.490 viviendas contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de 1986, el vigente hasta que se apruebe el próximo plan.

El PP salió ayer en defensa de Arenas, informa Juana Viúdez. "Hay un auto dictado por el juez Torres donde se dice expresamente que la intervención de la Junta de Andalucía en todo el entramado de Marbella está mucho más cerca de la figura de beneficiario que de perjudicado", recordó Felix Romero, portavoz del equipo de gobierno marbellí.

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